Una denuncia ante la Fiscalía comprometería a Ynés Gallardo, hija del ministro de educación, Carlos Gallardo, y a la congresista Lucinda Vásquez (Perú Libre), en el caso de la filtración de la prueba docente del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
Según una disposición de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín, según RPP Noticias, un testigo con identidad en reserva indicó que la legisladora oficialista solicitó la prueba a la hija del ministro para entregarlas a un grupo de docentes que se encargarían de venderlas.
Distribución y venta de pruebas
La denunciante indicó que estos exámenes habrían sido entregados por Ynés Gallardo, debido a que tiene una amistad con la legisladora Lucinda Vásquez. Según añade, dicho vínculo habría valido para que Carlos Gallardo sea designado como ministro de Educación.
El documento fiscal sostiene que las pruebas fueron repartidas con amigos docentes de la parlamentaria, los cuales, según el expediente del Ministerio Público, contribuyeron en su venta a profesores de diversas ciudades de la selva del país. Según indicó, el precio de los exámenes habría llegado hasta los S/ 3 000.
Menciona, además, que todo el dinero era entregado a la legisladora de Perú Libre; sin embargo, precisó que como no se podía depositar los montos directamente en su cuenta bancaria, se habría utilizado a “testaferros”.
Junto a la legisladora habrían participado los docentes Héctor Llamacpompac, María del Carmen Flores, Olga Chávez, y María Tapia. De acuerdo con el documento la congresista se reunió con estos profesores para realizar una visita al presidente de la República, Pedro Castillo en Palacio Gobierno el 10 de noviembre, luego de que realizó el pedido de las pruebas.
Disposición y respuesta de congresista
Ante esta situación, el despacho fiscal dispuso iniciar una investigación preliminar contra los cuatro docentes, las personas involucradas en la venta de las pruebas y quienes resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública, en la figura jurídica de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, bajo su modalidad de cohecho pasivo propio.
Entre diversas diligencias, para las cuales se dispuso un plazo de 120 días, el despacho señala que remitirá un informe documentado al fiscal supremo sobre los hechos en los que habría participado la parlamentaria de Perú Libre, Lucinda Vásquez.
Al respecto, la congresista oficialista indicó a Epicentro TV que la acusación en su contra le parecía “sorprendente” y rechazó tener algo que ver con la filtración de la prueba. Señaló que no conoce a la hija del ministro de Educación y pidió que se investigue el caso a profundidad.
“Descarto tajantemente mi participación en este caso delictivo. Que se investigue el tema, me pongo a disposición de la justicia”, manifestó.