Autoridades deben responder pedido de información en 10 días:
El pleno del Congreso de la República aprobó esta tarde el proyecto de ley que fortalece la función fiscalizadora de los regidores municipales y concejeros regionales a nivel nacional, con el propósito de hacer más eficaz y oportuna su labor de control en las acciones y decisiones que tomen sus alcaldes y gobernadores.
La iniciativa de la congresista Norma Yarrow (Avanza País), contó con el voto mayoritario de la representación nacional y modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
El texto aprobado subraya que “para la conformación de comisiones investigadoras y el envío de informes a la autoridad competente se requiere el voto favorable de no menos del 25% del total de miembros hábiles del concejo”.
Estos grupos de trabajo se abocarán asuntos “de interés público local con la finalidad de esclarecer hechos, formular recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas”.
El alcalde o gobernador regional están obligados, bajo responsabilidad administrativa, a responder el pedido de información solicitado en un plazo no mayor a diez días hábiles, se señala. Se puntualiza además que para la implementación de la presente norma “los gobiernos regionales y municipales no requieren demandas adicionales de financiamiento al tesoro público”.
“Este incremento desmesurado de autoridades regionales y locales ‘que hacen lo que quieren` se debe principalmente a que no cuentan con un órgano fiscalizador en sus jurisdicciones. Esta propuesta apunta a precisamente a establecer mecanismos efectivos que permitan realizar fiscalización en los consejos regionales y municipales”, explicó la autora del proyecto.
Yarrow Lumbreras advirtió que en la actualidad “son 18 gobernadores regionales y 52 de sus funcionarios los procesados por delitos de corrupción y en los últimos años 2 mil alcaldes han sido vacados, procesados, sentenciados o fugados por delitos de corrupción”.
Por lo tanto, “se requiere el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de los consejos regionales y municipales, precisando atribuciones y dotando de recursos para ejercerlas, pero al mismo tiempo articulando su actividad de fiscalización con atribuciones del Sistema Nacional de Control”, concluyó la parlamentaria.