Las marchas y contramarchas continúan como siempre. Después de haber anunciado para el pasado martes 22 el desalojo de los comerciantes que vienen ocupando interinamente el llamado Parque Fesideta, finalmente el alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa Roberto Briceño Franco decidió dar marcha atrás y no llevar a cabo el desalojo. Ello no obstante, luego de asumir esta sorpresiva decisión la primera autoridad edil no se ha tomado la molestia de informar a la comunidad hasta cuándo ha postergado este medida de fuerza.
Hasta cierto punto, la noticia no ha tenido mayor repercusión en la opinión pública ya que, repetimos, Chimbote está acostumbró a este cambio no solo de opinión sino también de discurso y de actitud por parte del burgomestre. Por lo demás, las dudas y vacilaciones terminan haciendo mucho daño, tanto a la persona o institución que las genera como a quienes tienen que soportarlas.
Sin embargo, era de suponer que antes de anunciar el bendito desalojo, el alcalde lo tenía todo muy bien pensado y cuidadosamente planificado. Una acción de esta naturaleza no se ejecuta improvisadamente ni mucho menos sin adoptar las previsiones del caso. Por algo el propio alcalde anunció que los comerciantes ya estaban notificados y que además este operativo iba a contar con la participación de la fiscalía de prevención del delito y la presencia de una dotación de 200 efectivos de la Policía Nacional. Finalmente, todo quedó en nada.
Después de todo, cabe dejar en claro que el interés de la población no estaba precisamente centrado en ese frustrado percance. El interés de Chimbote era otro. Pues conforme la propia comuna lo anunció semanas atrás, el parque que ocupan los comerciantes forma parte del terreno donde se debe construir el teatro municipal, una obra que ya cuenta con expediente técnico y presupuesto aprobados, la misma que será ejecutada por la empresa Exalmar mediante la modalidad de pago por impuesto.
No tenemos idea cómo debe haber caído esta noticia en aquellas personas e instituciones que tienen la mejor voluntad de contribuir con el desarrollo urbano y cultural de la ciudad y que de pronto se ven inmersos en impases desagradables como éste.
Por otro lado y sin ánimo de ser alarmistas, todos sabemos que en el diccionario de los comerciantes no existe la palabra provisional. Cada vez que éstos ocupan un terreno, ya sea a la buena o a la fuerza, terminan considerándose dueños y jamás aceptan retirarse de buenas maneras, sin importar el daño que esto pudieran estar ocasionando a la colectividad.
Es necesario entonces que la corporación edil y su máximo representante dejen de lado las marchas y contramarchas, que solo crean confusión e inseguridad y que impactan negativamente en el ánimo de la inversión privada.
Por extraña coincidencia, un día antes de este frustrado desalojo, el congresista Darwin Espinoza Vargas se dirigió públicamente al alcalde para solicitarle que suspenda la medida de fuerza hasta cuando se garantice a los comerciantes un lugar seguro y definitivo. ¿Desde cuándo los congresistas imparten órdenes a los alcaldes?. ¿Sus dos principales obligaciones no son la fiscalización del gasto público y la presentación de iniciativas legislativas? ¿O es que todo esto es un tinglado, fríamente calculado, con miras a las elecciones de octubre?. Siendo así, ya no habría lugar a tantas dudas y vacilaciones.