Para denunciantes hay protección:
Otorongo no come otorongo. Con esta frase reaccionaron indignadas Marleni Estrada Santander y Lili Rojas Rubio, abogada y hermana del ingeniero Hugo Rojas Rubio, respectivamente, tras conocer la disposición de la fiscal Superior Carla Zuloaga Pajuelo que resolvió no formalizar investigación preparatoria a la juez Sara Valdivieso Grandez por el delito de prevaricato.
La denuncia contra la magistrada del Poder Judicial se fundamentó en el sentido que había condenado a Hugo Rojas Rubio por el delito de cohecho pasivo propio por hechos no denunciados por el Ministerio Público y que ello constituía prevaricato.
La decisión de la fiscal Superior Zuloaga Pajuelo fue notificada el martes pasado, sin embargo, la abogada defensora de Rojas Rubio dijo que impugnará la medida hasta la Fiscalía Suprema por considerar que no se efectuó una debida investigación, pues la fiscal interrogó a Valdivieso Grandez con preguntas básicamente de formalismos sin llegar al fondo de la denuncia.
La abogada Estrada Santander indicó que la fiscal Zuloaga Pajuelo no solicitó el video de la conversación de supuesta colusión entre el empresario Rowin Señas Pérez y su patrocinado, además que tampoco tuvo en sus manos la carpeta fiscal de la investigación porque el magistrado anticorrupción Javier Saravia Roldán nunca se lo remitió completo.
Para la abogada, la carpeta fiscal de investigación era importante debido a que con ella se podía establecer que su patrocinado cuando fue integrante del comité de selección de la obra del pool de aulas de la Universidad Nacional del Santa no favoreció a quien supuestamente le había entregado una dádiva para otorgarle la buena pro.
La buena pro fue otorgada al Consorcio UNS en la que nunca fue integrante la empresa DyM Inversiones SAC de Rowin Ceñas.
La Dra. Estrada Santander añadió al respecto que la ex juez condenó a su patrocinado a 5 años de cárcel basado en una supuesta prueba que favoreció al Consorcio Santa cuando en realidad y conforme a los documentos que obran en el mismo expediente, la empresa adjudicada fue Consorcio UNS y en este nunca figuró en absoluto la empresa DyM Inversiones SAC de Rowin Ceñas, quien es el supuesto corruptor que le entregó el dinero para que le favorezca con la obra, sostuvo.
Hugo Rojas Rubio está en la clandestinidad y cuenta con el apoyo de su hermana para las acciones legales en su perspectiva de anular la sentencia condenatoria en su contra.