Exalcaldesa Victoria Espinoza y exgerente Julio Cortez, siguen prófugos:
La justicia chimbotana pudo probar que desde la convocatoria al proceso de selección y durante la ejecución de la instalación de los semáforos inteligentes, hubo una concertación clandestina entre las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa con el empresario de origen chileno, Emilio Nicolás Rivas Gay para favorecerlo.
Estas primeras irregularidades se dieron cuando el proceso de licitación pública se canceló y se declaró desierto sin ninguna justificación para luego fuera derivada a una adjudicación de menor cuantía por 8 millones 309 mil soles.
Ello, a pesar que en el portal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) el proyecto tenía un estimado de inversión de 2.5 millones de soles, pero aún así, no figuraba inicialmente en el plan anual de contrataciones del año 2009.
Quedó probado que fue la propia alcaldesa de aquel año, Victoria Espinoza García, quien modificó el Plan Anual de Contrataciones y aprobó la exclusión de obras con el propósito de incluir la semaforizacion por más de 8 millones de soles. En este trámite, existe un memorando salido de la gerencia de obras y dirigida a Planificación y Presupuesto, en la que señalan “por encargo de alcaldía”, se solicita rapidez para dicho trámite.
La obra fue aprobada el 17 de setiembre y al día siguiente ya se estaba nombrando el comité de adjudicaciones para su licitación. También se cuestionó en el fallo que la entonces alcaldesa no haya convocado para integrar dicho comité a un experto al tratarse de bienes especiales y sofisticados.
“Se ha cometido infracción al deber de cuidar las arcas del Estado. No había razón para cancelar la licitación, inclusive, luego que se declaró desierto la licitación, no fue comunicado a OSCE, sólo se informó una postergación que no fue tal. Por un lado ordenaron la cancelación de la licitación (dos dias antes) y por otro lado, le indicaron al tesorero que se habían reprogramado la venta de bases, con lo cual generaron el desinterés de otras empresas participantes” señala parte de la resolución.
Otro hecho relevante fue el cambio de licitación a adjudicación directa de menor cuantía. En el primer proceso se presentaron los postores SICE (representado por Emillio Rivas Gay), J y M Servicios Generales de Carlos Barreto Alvarado y Sutec sac sucursal Peru de Gerson Guevara Martínez.
Sin embargo, en pleno proceso, la Municipalidad comunicó la cancelación del mismo y cuando levanta un acta solo da cuenta que habían hecho llegar sus propuestas dos empresas, excluyendo a SICE de Rivas Gay.
Luego se modifica a Adjudicación de Menor Cuantía y se reciben las propuestas de las empresa A & R SAC Contratistas Generales, Ibeco y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas de Rivas Gay. Este último, tampoco presentó propuesta económica.
Resulta que A & R Contratistas Generales termina obteniendo la buena pro junto a Narvasta Mendoza ingenieros SAC con quien había formado Consorcio Santa ITS, donde inicialmente aparecía como representante Gonzales Tasano Velaochaga, pero quien firmó el contrato fue Emilio Rivas Gay.
“Está probado que hubo un acuerdo clandestino de voluntades entre las autoridades y funcionarios de la comuna provincial con el empresario Emilio Rivas Gay para beneficiarse con la ejecución de la obra de los semáforos inteligentes que tuvo una sobrevalorización de 3 millones 562 mil 692 soles” culmina diciendo el fallo que tiene la condición de cosa juzgada.
La sentencia condenatoria también inhabilitó por el mismo periodo de tiempo a los condenados para ejercer la función pública y les fijó el pago de una reparación civil consistente en la devolución de los 3 millones 562 mil 692 soles defraudados y 50 mil soles adicionales por haber mellado la imagen de la Municipalidad Provincial del Santa, todos los montos, en forma solidaria.
Finalmente, se confirmó que el arquitecto Eduardo Dextre Morimoto, proyectista que elaboró el expediente técnico de los semáforos inteligentes y los representantes legales de la empresa RUBELEC que supervisaron dichos trabajos, deberán serán investigados por el Ministerio Público por no haber cumplido con ejercer su labor de fiscalización a la ejecución de la obra en forma transparente en agravio de la Municipalidad Provincial del Santa.