Los directivos de la atunera de capital mexicano fueron absueltos en el proceso penal por estafa agravada que Casamar les inició ante la Corte Superior de Justicia de Lima, alegando que la habían estafado. Como se sabe, en Chimbote ambas empresas también están enfrentadas en un proceso en el que Casamar acusa a Grupomar de haber cometido un delito informático en su agravio.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Grupomar y acoger la “excepción de improcedencia de acción” presentada por su defensa, revirtiendo así la decisión de la titular del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria, Jessica Camacho Peves, quien la había declarado infundada inicialmente. El argumento de la defensa de Grupomar se basaba en que los hechos imputados por la Fiscalía a sus directivos no calificaban como delito de estafa, pues no se les atribuía haber engañado a Casamar. La Sala coincidió.
Al haber acogido los argumentos de Grupomar el Colegiado, integrado por las juezas Rojjasi Pella, Bueno Flores y Morales Deza, ordenó el archivo definitivo del proceso, enmendándole la plana al Fiscal Robert Percca Quispe, quien había formalizado la investigación haciendo suya la denuncia de Casamar. Percca Quispe también ha llamado la atención de los medios recientemente por haber abierto una investigación insólita contra Mario Vargas Llosa y otros personajes públicos por delito contra la fe pública, debido a que solicitaron una auditoría de las últimas elecciones alegando un supuesto fraude.
En el caso concreto, Casamar y el Fiscal argumentaban que Grupomar la había estafado por negarse a cumplir con el contrato celebrado entre ambas, bajo el pretexto de que sus barcos no podían ingresar al muelle de Samanco porque este carecía de la profundidad adecuada, y “omitiendo deliberadamente” realizar los estudios previos para certificar la profundidad del mismo.
Sin embargo, el Colegiado advirtió que estos hechos no podían configurar estafa, porque el propio Fiscal reconocía que los imputados no habían realizado los estudios batimétricos para determinar la profundidad del muelle antes de la suscripción del contrato, con lo cual era imposible que hubiesen sabido con antelación que el negocio no era viable y en consecuencia, que hubiesen inducido a Casamar deliberadamente a celebrar un contrato que no tenían intención de ejecutar. La Sala anotó que, además, la propietaria del muelle era Casamar, poniendo en duda que Grupomar fuese la responsable de verificar la profundidad del muelle.
“Nos sentimos muy satisfechos con esta resolución, que echa por tierra las absurdas imputaciones del Fiscal Percca y Casamar contra los directivos de Grupomar” comentó José Arrieta, abogado de Grupomar. Casamar, que cuenta con un amplio historial de malas prácticas y cuyo gerente, Jose Boluarte Gylling, tiene una condena firme por usurpación agravada, todavía puede interponer un recurso de casación para intentar que la Corte Suprema revierta la decisión de la Sala, pero sus posibilidades son muy limitadas.