El costo de la crisis política:
En un sorprendente tiempo record, la gestión del presidente Pedro Castillo Terrones ha colocado al país en el centro de una crisis política que ha revivido en el pueblo peruano el fundado temor de caer una vez más en las garras de una anarquía total. Estamos hablando de un caos que ya ha sucedido en varios momentos de nuestra historia y que nadie quiere que se repita; pues siempre hemos pagado un precio muy alto por él.
Pero en el colmo de la osadía, el presidente y sus voceros quieren hacernos creer que la culpa de la crisis son factores externos y no la incapacidad para gobernar el país, de la que adolecen los miembros del ejecutivo. Para ellos, la culpa es del sistema así como de la actual constitución y por supuesto de la prensa independiente. Por fortuna ya nadie cree en esas palabras.
No se quiere aceptar que una de las causas de la crisis es, por un lado, el copamiento político de los cargos públicos por parte del partido de gobierno y, por otro, el permanente cambio de ministros, en ambos casos todos ellos huérfanos de experiencia y meritocracia. En los nueve meses que lleva ejerciendo el poder, el partido Perú Libre han terminado por convertir al aparato estatal en un centro experimental de practicantes y aventureros que solo buscan provecho personal y de grupo; un escenario donde reina la improvisación, el oportunismo y la inestabilidad.
No deja de acentuar la crisis el hecho de que familiares en primer grado de consanguinidad y estrechos colaboradores del presidente Pedro Castillo, hayan confundido la administración pública con un codiciado botín. Ni bien empezó la gestión, varios de ellos se han visto envueltos en sonados casos de corrupción en agravio del estado y en este momento se encuentren en la deplorable condición de prófugos de la justicia.
Lo más grave es que para justificar todo esto, se haya puesto en marcha una maquiavélica estrategia. Esta argucia comienza con reavivar viejos odios y rencores a los que se acude cada vez que se busca enfrentar no solo a los peruanos entre sí sino también a los poderes del estado y sus instituciones. Según la estrategia, esa es la única manera de traerse abajo el orden constitucional para poder pescar a río revuelto.
Parte de la estrategia es una nueva constitución política, redactada y aprobada a la medida de sus promotores; pero como todos sabemos muy bien, eso equivale a abrir las compuertas de par en par de una nueva dictadura. Las páginas de la historia del Perú están llenas de experiencias como ésta.
Como era previsible, a este cometido se han sumado últimamente varios miembros del congreso de la república y conocidos políticos que hasta hace poco fungían ser opositores. De pronto han cambiado de opinión y ahora también quieren una nueva constitución. No sería nada raro que en los próximos días algunos de ellos resulten integrando un nuevo gabinete ministerial u ocupando altos cargos públicos. Favor con favor se paga.
Sin embargo, eso no va a solucionar la crisis. Mientras el gobierno no detenga la espiral de la inflación y continúe ahuyentando la inversión privada, y asimismo mientras se insista en reavivar viejos odios y enfrentamientos, el Perú ya no tendrá un solo pie en el abismo sino los dos.