Por Jessica Luna (*)
Cada día es más claro que el Gobierno engaña al pueblo y juega con las esperanzas de los más pobres. La ausencia de liderazgo y la carencia de cuadros técnicos evidencian la falta de capacidad (y voluntad) para solucionar los problemas que aquejan a la población.
Hoy, enfrentamos riesgos de alta inflación, bajo crecimiento económico y crisis alimentaria. La inflación anualizada a marzo ha sido la más alta de los últimos 26 años. Factores externos, como el aumento de los costos de transporte marítimo (fletes), el precio del petróleo, los insumos y los alimentos vienen impactando en el costo de vida de los peruanos, y golpean sobre todo a las familias más pobres.
Ante esta situación extraordinaria, la (aún) fortaleza macroeconómica y fiscal permiten dar medidas de emergencia que tengan impacto directo en el bolsillo de la población de menores recursos. Estas deben tener sustento técnico, ser acotadas y focalizadas.
Sin embargo, el Gobierno dictó la exoneración temporal del IGV para algunos alimentos (carne de aves, huevos, azúcar, pastas alimenticias y pan), una medida que no tendrá los efectos deseados.
Desde su concepción, es una norma equivocada. Genera un alto costo fiscal, no es progresivo (no beneficia más a los que menos tienen) y cualquier economista sabe que las alzas o bajas del IGV no se trasladarán al consumidor de manera total, sino que se quedan en la cadena. Errores en el diseño, como es el caso, al reconocer el crédito fiscal solo a insumos principales (aún por definir en el reglamento) puede generar incluso mayores precios, así como incrementar la informalidad y la evasión en los proveedores para evitar asumir el IGV como costo en insumos no incluidos.
Es decir, el precio del pollo, el pan y las pastas no necesariamente bajarán. Y una vez más el Gobierno habrá engañado al pueblo.
¿Qué se debe hacer? Lo primero es tener en cuenta que esta puede no ser una crisis de corto plazo. Los recursos fiscales deben ser utilizados de manera responsable y estar focalizados en reducir el impacto en las familias más pobres. No se deben dar medidas generales que tengan alto costo fiscal.
Una medida urgente es un subsidio a los fertilizantes focalizado en organizaciones agrarias de pequeños productores, canalizado por AgroIdeas, que podría alcanzar a cerca de 800,000 agricultores y evitar así la caída en la producción de cultivos como papa, maíz, arroz, entre otros. Asimismo, dar transferencias monetarias a los más vulnerables con una adecuada focalización; apoyar ollas comunes y comedores populares, y fortalecer programas como Qali Warma. Y sobre todo generar empleo. La gente quiere trabajar, no quiere bonos y, en el mediano plazo, la única solución sostenible es impulsar la inversión privada para la generación de empleo.
Lamentablemente, dado el copamiento del Estado y la destrucción de la tecnocracia, hoy las soluciones concretas a los problemas que enfrenta la población se ven lejanas. Seguirán engañando al pueblo y poniendo por delante sus intereses políticos. Terrible.
(*) Publicado Semanario 1116 – Comex