El 18 de abril la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, resolvió por unanimidad declarar fundada en parte la apelación interpuesta por Grupomar, contra la resolución emitida por Krist Díaz Gonzales donde declaraba fundada la solicitud de Casamar de constituirse en actor civil.
El argumento principal para ello fue que al 12 de octubre de 2021 (fecha en que declaró fundada la solicitud de Casamar), la Sala Superior no se había pronunciado sobre su recusación todavía. Con ello, vulneró flagrantemente la normativa del Código Procesal Penal, que prohíbe al juez recusado pronunciarse sobre estas materias hasta que la Sala resuelva la recusación en su contra.
El Colegiado Superior ha decidido no emitir pronunciamiento sobre el fondo de la materia en este momento, limitándose a disponer que se emita una nueva resolución por el Juez de Primera Instancia, quien deberá tener en cuenta lo señalado por la Sala en la última resolución.
Como se sabe, la empresa local Casamar busca ser reconocida como víctima –actor civil en el argot legal- en el juicio que afronta contra Grupomar, la pesquera de capital mexicano. Sin embargo, los hechos la colocan en una posición distinta.
La empresa cuenta con diversos antecedentes de malas prácticas como omisión de pagos de impuestos, tal como informamos en nuestra edición del 28 de marzo; denuncias de pescadores por cobros excesivos e impedir acceso al muelle (edición del 30 de marzo); multas por pesca ilegal (edición del 24 de diciembre de 2021). Además, existe una condena firme contra su gerente general, Jose Boluarte Gylling, por usurpación agravada, tal y como se mencionó en nuestra edición del 25 de febrero del presente año.
Estas circunstancias, sumadas a la reciente absolución de Grupomar en otro juicio por supuesta estafa entre las dos compañías, complican la situación de Casamar, y debilitan su credibilidad. La renuncia del fiscal anterior, Richard Contreras, debido a diversas irregularidades que se le atribuyen en su actuación como magistrado, además de otras varias acusaciones expuestas en nuestra edición del 23 de junio de 2021, debilitaría aún más su posición, ya que él es el autor de la acusación contra la mexicana Grupomar. Las irregularidades cometidas por la jueza Krist Diaz Gonzales en el proceso llevado en Samanco, entre la que destaca haber resuelto una excepción interpuesta por la defensa de Grupomar sin haber participado en la audiencia, y alegando haber revisado un vídeo que, de acuerdo a la Sala Superior no existe, también han sido reconocidas y sancionadas con nulidades.