Por: Víctor Andrés Ponce (*)
La elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) –no obstante la fragmentación de las bancadas parlamentarias y la extrema polarización política causada por la propuesta de la asamblea constituyente, las nacionalizaciones de los recursos y la destrucción de las instituciones– es un momento excepcional en medio de todas las crisis. ¿Por qué? Porque envía una señal poderosa a todos los peruanos y a la comunidad internacional de que en el Congreso todavía hay una fuerza de regeneración institucional.
La crisis del sistema republicano, que avanzó viento en popa a través de dos décadas de continuidad institucional y cuatro elecciones sucesivas hasta la elección del presidente Kuzcynski, se precipitó con la disputa por el control del TC durante la administración Vizcarra.
Luego de convocar un referendo para reformar la Constitución a tontas y locas, el Gobierno de Vizcarra –como en cualquier régimen chavista–, planteó una cuestión de confianza sobre una función exclusiva y excluyente del Congreso: la elección de los magistrados del TC. Sobre esa base el expresidente Vizcarra cerró el Congreso arguyendo “una denegación fáctica de confianza”, una figura que no existía en la Constitución y que ningún constitucionalista serio o de verdad podría aceptar. Sin embargo, la mayoría del TC –encabezada por Mariella Ledesma y Eloy Espinosa– avaló semejante despropósito jurídico.
A partir de allí, el asesinato de la democracia por las corrientes progresistas se fue consumando de a pocos. El Congreso elegido luego del cierre inconstitucional del 30 de septiembre, igualmente, procedió a ejercer la función exclusiva y excluyente que le otorgaba la Carta Política: iniciar el proceso de elección de los magistrados del TC. Sin embargo, un amparo judicial expedido por una magistrada suplente detuvo el proceso.
El TC era pues un escenario de guerra.
El Congreso y el sistema republicano eran verdaderas caricaturas de institucionalidad. El sufragio electoral de los 33 millones de peruanos era una simple puesta en escena, porque los sectores que gobernaban se habían hecho del poder con estrategias de control institucional. Era evidente que ese sistema de control del sistema republicano no iba durar demasiado tiempo, porque no se puede convocar a elecciones para que luego los elegidos por sufragio no gobiernen, utilizando tinterilladas constitucionales.
La república progresista que emergió con el cierre inconstitucional del Congreso, inevitablemente, como cualquier jacobinismo de la historia universal, terminó pariendo a su izquierda. Es decir, alumbró al Gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre, que empezó a devastar todos los logros económicos y sociales de las últimas tres décadas.
Sin embargo, más allá de las barbarie institucional, económica y social a la que nos han llevado el progresismo y el comunismo, la sociedad empezó una larga resistencia en contra de la constituyente que comienza a rendir frutos. Si bien debe existir la consciencia de que el país será destruido en gran parte por elegir a Castillo y por convivir con los relatos progresistas, es evidente que, no obstante los errores que acumula el Legislativo, las bancadas parlamentarias han logrado formar amplias mayorías para archivar el proyecto de la asamblea constituyente, precisar la confianza y las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, y ahora acaban de elegir a seis magistrados del TC de clara orientación republicana y promercado.
La importancia de la elección de los magistrados del TC también reside en que revela la posibilidad de formar una mayoría para superar la destrucción nacional que causa el Gobierno de Castillo. Finalmente, todos los peruanos tenemos que recordar que la única alternativa para superar la barbarie bajo los marcos de la actual Constitución pasa por el Congreso. No hay alternativa.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)