Hasta hoy es un misterio:
Escasamente dentro de 85 días los ancashinos vamos a acudir a las urnas para elegir a un nuevo gobernador o una nueva gobernadora regional y, del mismo modo, a veinte alcaldes provinciales y ciento sesentaiséis alcaldes distritales, todos ellos para el periodo 2023-2026. Pero cuanto estamos a menos de tres meses de este crucial desenlace, y aunque cueste trabajo creerlo, hasta este preciso momento nadie, ni siquiera los mismos candidatos, saben con exactitud cuántos ni quiénes serán los que finalmente van a disputar las elecciones del próximo 2 de octubre.
Hasta el último momento, la legislación que rige el desarrollo de este proceso electoral ha sido objeto de múltiples e inesperadas modificaciones. Eso, en vez de allanar e iluminar el camino, ha terminado por crear un ambiente donde reina la confusión y el desbarajuste. Y no es para menos. Más de un partido político y más de un candidato han caído en su propia trampa y, si es que ya no han sido excluidos definitivamente de la competencia, a estas alturas están a punto de quedar fuera de ella.
La buena intención del ente electoral de optar por la aplicación de una correcta democracia representativa, ha inducido a algunos candidatos y agrupaciones políticas a incurrir en una serie de errores, los mismos que se han cometido a la hora de elaborar e inscribir sus respectivas listas. Entre otras obligaciones, la famosa paridad horizontal y la inclusión de representantes de comunidades indígenas y campesinas así como de pueblos originarios, ha dado lugar a más de una omisión por la que muchas candidaturas han terminado perdiendo piso.
Como es lógico, a la hora de señalar a los responsables de estos errores, todas las miradas se dirigen a los personeros. Ellos han debido interpretar y aplicar correctamente la norma electoral para evitar de esa manera que se cometa semejantes papelones. Después de todo, en algún momento las reglas de juego tenían que cambiar para que no se repitan los errores y las injusticias de un pasado no muy lejano.
Pero aún cuando se afirma que recién a comienzos de agosto se sabrá a ciencia cierta cuántos y quiénes serán los candidatos, queda todavía un último filtro por aplicar. Es la evaluación que hará la Contraloría General de la República a las declaraciones juradas que deben presentar todos y cada uno de los candidatos. A no dudarlo, esta evaluación será de vida o muerte. Ya bastante hemos soportado con la participación de candidatos que mañosamente omitían sentencias y procesos judiciales ante la vista y paciencia de las autoridades electorales. Aquí, en Ancash, los resultados de esta mañosería la hemos pagado muy caro con la elección de gobernadores y alcaldes quienes antes de terminan su gestión han terminado en la cárcel.
En aras de salvaguardar la voluntad popular y evitar que la historia se repita, la evaluación de las declaraciones juradas tiene que llevarse a cabo con una vocación de justicia plena. Por ahí se ha debido empezar.
Por otro lado, más preocupados como están los candidatos en subsanar la inscripción de sus listas, parece que han descuidado el derecho de la ciudanía a saber cuáles son sus ofertas electorales y qué ofrecen para solucionar de una vez por todas los problemas que afectan no solamente a la región sino también a las veinte provincias y a los ciento sesentaiséis distritos.
Como ha sucedido en todos los anteriores procesos electorales, corremos el riesgo que también en esta oportunidad el 80 por ciento del electorado ancashino acuda a las urnas con los ojos vendados, sin importar por qué y por quién votar. En todo caso, solo para evitar la multa. Pero ya nadie quiere que esto vuelva a ocurrir. Eh ahí la importancia de saber lo antes posible cuántos y quiénes serán los candidatos.