El hurto masivo de energía eléctrica detectó el personal técnico de Hidrandina, en el asentamiento humano Joselyn Álvarez, en Nuevo Chimbote, evidenciándose un riesgo eléctrico por la presencia de las conexiones clandestinas bajo tierra.
80 familias de dicho pueblo son las que se beneficiaron ilegalmente del servicio eléctrico. El hurto se realizaba a través de conectores de energía desde los postes de baja tensión hasta sus viviendas, de manera subterránea.
Según la nota de prensa de Hidrandina, se informa que el hurto de energía y la manipulación de un medidor no solo significan un riesgo eléctrico, también se encuentran tipificados como delitos, cuyas penas oscilan entre uno a tres años de cárcel.