La pregunta del millón:
Tal como lo ha dado a conocer la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de la provincia del Santa, todas las organizaciones políticas que quedarán habilitadas para participar en las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre, están en la obligación de presentar un primer informe acerca del movimiento económico y financiero que vienen realizando de cara a este proceso electoral. El plazo para la presentación de este primer informe vence el próximo 9 de septiembre y es de esperarse que los personeros lo hagan en forma puntual y pormenorizada.
Como está sobreentendido, esta información tiene carácter obligatorio y al mismo tiempo está sujeta a una exhaustiva verificación. Por un lado permitirá conocer no solamente el origen sino también el destino de todos los aportes económicos, logísticos y de otra índole que tienen a su disposición los candidatos para desarrollar su respectiva campaña electoral. Por otra parte, el escrutinio público podrá confrontar de esta manera si, efectivamente, los gastos que se realicen guardan relación con la recaudación.
Después de todo lo que ha sucedido en materia electoral a lo largo de los últimos años, nada puede ser más saludable, particularmente para la provincia del Santa y la región Ancash, que conocer todo el teje y maneje que hay detrás de cada campaña electoral. Si lo que realmente queremos es voltear la página y crear una nueva cultura política, entonces tenemos que empezar por familiarizarnos con la realidad.
Precisamente una de las cosas que ha caracterizado a las campañas electorales de los últimos veinte o treinta años y que lo estamos viendo en estos días, es la presencia de operadores que sirven de enlace entre un candidato y uno o más financistas. Por lo general, estos últimos son los mismos de siempre, es decir empresarios de la construcción, quienes nunca dan la cara y prefieren mantenerse en la sombra. Pero no por eso dejan de ser decisivos a la hora de inclinar la balanza.
Con tal de recuperar su inversión, para estos financistas igual es apoyar a Pedro que a Juan. Aquí no vale el amor al chancho. Por lo demás y tal como lo estamos viendo, la gestión pública, a través de las licitaciones, se ha convertido en la herramienta más efectiva a la hora de devolver favores políticos. Y no estamos exagerando. Para vergüenza de Ancash, antes de terminar su gestión cuatro gobernadores regionales y más de diez alcaldes provinciales y distritales, han terminado en la cárcel.
Es de esperar por eso que la información que las organizaciones políticas presenten el 9 de septiembre, especifique, al menos de manera detallada, el costo y el financiamiento de las enormes pintas, paneles luminosos, ruidosas caravanas y el uso de lujosos vehículos que estos financistas han puesto a disposición de algunos candidatos.
Para muchas personas el hecho que cada año se incremente el monto del canon minero que reciben el gobierno regional y las municipalidades, hace aún más expectante el desarrollo de la presente campaña electoral. Por eso, la pregunta que se ha puesto de moda y que a muchos incomoda es ¿cómo y quiénes financian las campañas electorales? .