- Recurso de hábeas corpus fue admitido en el Poder Judicial y está dirigido contra el juez que autorizó la detención de Yenifer Paredes, el fiscal Hans Aguirre y el coronel Harvey Colchado.
La defensa del presidente Pedro Castillo Terrones interpuso el último lunes un hábeas corpus que busca detener futuras intervenciones como allanamientos e ingresos a la zona residencial de Palacio de Gobierno, a propósito de la diligencia del martes 9 de agosto cuando personal fiscal y del equipo especial PNP intentó detener a Yenifer Paredes en las inmediaciones del Ejecutivo.
Según el documento al que accedió La República, el hábeas corpus fue presentado contra el juez Raúl Justiniano Romero, que autorizó la diligencia en Palacio; el fiscal Hans Aguirre y el coronel PNP Harvey Colchado. Además, busca anular solo el extremo que permitió el ingreso de los agentes y fiscales a Palacio.
Los abogados del mandatario también piden al Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que admitió el hábeas corpus, que “se ordene a los demandados y, en general, al Ministerio Público, Poder Judicial y Jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad – DIVIAC que se abstengan de volver a cometer el acto lesivo denunciado”.
Tras la admisión del hábeas corpus, lo que sigue es que el magistrado Torres convoque a una audiencia pública para debatir si realmente se vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio o el derecho a las resoluciones motivadas. Es decir, a la adecuada justificación de una decisión judicial.
El recurso de Castillo también sostiene que el juez Raúl Justiniano no fue competente para ordenar el ingreso a las instalaciones de Palacio, pues solo vive allí el presidente y no la investigada Yenifer Paredes, a quien se buscaba detener por una investigación preliminar por lavado de activos.
Ello no obstante, no concuerda con la información obtenida previamente por este diario, pues el día de las intervenciones cuando se detuvo también a los hermanos Anggi y Hugo Espino así como al alcalde de Anguía José Nenil Medina, tanto la Fiscalía como el equipo especial PNP tenía la certeza de que la última ubicación de Paredes era en la zona residencial de Palacio de Gobierno.