Por: Daniela Leguía (*)
En 2021, la inversión pública se incrementó en 37% en términos nominales, registrando un monto histórico de casi S/39 mil millones, de los cuales los gobiernos subnacionales representaron cerca del 60%. No obstante, estas cifras no resultan del todo alentadoras, ya que a nivel subnacional se había presupuestado S/35 mil millones para obras, pero se dejaron de ejecutar cerca de S/12,6 mil millones. Dicho monto equivale a la construcción en un año de la tercera parte de los centros de salud de primer nivel de atención a nivel nacional.
Esta subejecución es consecuencia, entre otros, de ineficiencias en el proceso de inversión, que comienzan desde el alto grado de incumplimiento de los planes anuales de contratación. Es decir, muchas de las obras planificadas para ser convocadas en el año no llegan a serlo. Por ejemplo, según información de la OSCE, en 2021, en los gobiernos locales de Lima y Junín, solo cuatro de cada 10 proyectos programados fueron convocados. Esta ratio baja a tres de cada 10 en los gobiernos regionales de Apurímac e Ica.
Segundo, las obras que sí fueron convocadas registran importantes retrasos durante su licitación. En 2021 los gobiernos regionales y locales tardaron, en promedio, casi el doble de lo planificado en adjudicar un proyecto, bajo todas las modalidades de licitación. Este retraso puede llegar a ser hasta cinco veces más en algunos gobiernos regionales y hasta tres veces más en algunos gobiernos locales. Por ejemplo, el gobierno regional de Apurímac se demoró, en promedio, 77 días más de lo planificado y los gobiernos locales de Moquegua, 61 días más.¹
En la etapa de ejecución física, uno de los principales problemas es la variación de los costos respecto a los aprobados en los expedientes técnicos. De una muestra de los proyectos de los gobiernos regionales culminados en 2021 con un monto de inversión mayor a los S/20 millones, la variación de los costos fue de 23%. Esta situación, además de mostrar una posible deficiencia de los expedientes, demora la ejecución del proyecto puesto que al superar la variación permitida del 15%, se necesita aprobación de la Contraloría. Según un análisis del CPC², la Contraloría toma 71 días en promedio para emitir su opinión.
Esta problemática se intensifica si se considera la atomización de los proyectos y la capacidad de gestión de los funcionarios. Por un lado, en 2021 el 42% del total de proyectos de los gobiernos subnacionales (53.509) eran nuevos y el presupuesto promedio de inversión era de S/0,5 millones. Por otro, la Contraloría encontró que tres de cada 10 funcionarios designados en cargos de confianza de gobiernos regionales y locales no cumplían con el perfil para el puesto³.
Actuar de manera eficiente ante esta problemática es crucial, ya que la inversión acumulada a abril del 2022 ha caído respecto al mismo periodo de 2021 (-6,5%) y una nueva gestión inicia el siguiente año, lo cual implica un costo de aprendizaje. Al respecto, se podría iniciar replicando algunas buenas prácticas que permiten reducir demoras y acelerar la ejecución. Un ejemplo son los procedimientos especiales de contratación (PEC) —utilizados en el marco de la Reconstrucción Con Cambios—, que en 2021 redujeron los tiempos de adjudicación hasta en un 57% con respecto a la modalidad de licitación pública. Asimismo, se podrían utilizar mecanismos de intervención con una mirada territorial estratégica como la que utilizan los PEIP. Estos esquemas permiten, entre otros, contratar PMO, suscribir G2G, y cuentan con facilidades para la obtención de permisos de habilitación urbana y licencias de edificación. No obstante, estas herramientas requieren funcionarios públicos idóneos que puedan utilizarlas.
CPC. (2022). Índice Regional de Gestión Pública al 4T2021.
CPC. (2022). Informe de Competitividad 2022.
CGR. (2019). Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales (Informe 1247-2019-CG/LICA-OCS). Contraloría General de la República.
(*) Economista, Consejo Privado de competitividad – Publicado en Sudaca