Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
Los últimos gobiernos que se fueron alternando en el poder, a partir del gobierno militar del General Velasco (1968-1980) para adelante, con inusitada “generosidad” fueron los grandes proveedores de servicios públicos gratuitos, obviamente que la población ve con simpatía, porque les llena la retina de sus ojos con programas sociales que compatibilizan con sus necesidades básicas, como, por ejemplo, el “Sistema Integral de Salud” (SIS), que universaliza las prestaciones de salud, favoreciendo a los que no tuvieron la suerte de formar parte de una empresa para acceder a Essalud, y vivieron en la informalidad sanitaria, apelando a la medicina tradicional, en pleno siglo XX y XXI. Honor al mérito a su creador.
Otro programa de apoyo social, es la distribución de “desayunos escolares” en todos los colegios estatales, orientados a reforzar el estado nutricional de los alumnos. Tan igual de efectivo, es el apoyo alimentario que se brinda a los sectores más vulnerables de la sociedad peruana, con la entrega de bolsas de víveres a través de las municipalidades y también directamente otorgado por el gobierno central. “Mente sana en cuerpo sano” es la lógica para tener una actitud equilibrada para enfrentar las tareas del diario vivir.
Hasta ahí todo bien, mención aparte merece el programa “Pensión 65”, que tiende a hacer justicia a los adultos mayores, con justificada razón, porque en el Perú se tiene una elevada tasa de desempleo, y para poder sobrevivir quienes no pudieron insertarse a la formalidad laboral, crearon su propio empleo, o incursionando en algún emprendimiento, o saliendo a la calle para tentar suerte en el comercio ambulatorio, como una lógica respuesta a la necesidad de sobrevivir, porque en “épocas de escases el ingenio se agudiza”. De la desocupación a la mendicidad sólo hay un paso, y si no se tiene descendientes, lleva al desafortunado ciudadano a engrosar las filas de la población indigente del país, ubicándolo de la categoría “E” para atrás, en la elitista escala social. Este es un problema que se agudiza con el pasar del tiempo, y el Estado no tiene una respuesta definitiva para enfrentarlo, por lo que lo tiene que asumir, inevitablemente, con la vigencia del programa “Pensión 65”, elevando la pensión y populistamente, tratando de universalizar el programa, y con ello complicándose la vida. Como se ve, tiene un origen político y no laboral, cosa que no debería de suceder si existiera una política previsional, con la obligada incorporación como aportantes de toda la masa laboral del país, formal e informal, en razón de que la jubilación es un fondo de ahorro a plazo fijo, beneficio que corre por cuenta del trabajador, por serle un derecho inherente, financiado con sus aportes mensuales, sin perjuicio ni para el Estado ni para el empleador. Esta aparente generosidad de crear el programa “Pensión 65”, es un tácito reconocimiento a su fracaso de no haber podido diseñar un sistema previsional autofinanciado, donde el Estado no tenga por qué asumir esta obligación con terceros. Para que esto sea posible, el camino es crear un nuevo modelo distinto a la ONP y AFP, que se desarrolle en el ámbito del sector privado, con nuevas características, eliminando toda la normatividad vigente, por haber burocratizado insensiblemente todo el sistema, en perjuicio de la clase trabajadora. Tenemos la respuesta.
No se puede ser tan generoso con el dinero ajeno (Tesoro Público), y como corroborando tal aseveración, se ha flexibilizado al mínimo los años de aportación para alcanzar una jubilación en la ONP; con 10 años de aportación percibirán una pensión de S/. 250-, con 15 años S/. 350-, y los de 20 años percibiendo la pensión mínima de S/. 500-. Socialmente es un triunfo que hace justicia a los miles de ex trabajadores que no pudieron acumular el mínimo de años de aportación (20), pero financieramente si es un fracaso para el Estado, porque los aportes individuales no alcanzarán para financiar las pensiones en los años de vida de cada uno de ellos.
En este drenaje de recursos públicos también están presentes las “Ollas Comunes”, creados como un ingenioso mecanismo de sobrevivencia de las poblaciones económicamente vulnerables, que como sabemos, se autofinancian con la venta de raciones alimenticias a precio mínimo, y a costo cero para las personas que carecen de capacidad de pago, ocasionando un déficit en el presupuesto de la institución. Por fortuna para ellos, el gobierno los está considerando dentro de sus programas sociales, asignándolas recursos económicos para solventar parte de sus gastos; ocasionalmente también se suman a esta causa el sector privado. Este también es un elemento más, que nos identifica como un país sub desarrollado.
Sabemos que hay una economía recesiva, expresada en la semiparalización del aparato productivo, y la nula generación de puestos de trabajo, motivado circunstancialmente por factores externos, pero fundamentalmente por las desacertadas tomas de decisiones en los actos de gobierno, ocasionando enfrentamientos entre los poderes de estado, olvidando que este descrédito trasciende las fronteras, postergando indefinidamente la acción de ese ingrediente principal de la economía que es la inversión privada.
Estos vaivenes impredecibles, se ven reflejados en los resultados que se indican en los estados financieros (Balances presupuestal y financiero) que emite la Contaduría General de la Nación, que está al alcance de todos, instrumentos que deben servir de parámetros para hacer inversiones en temas sociales. Un egreso de este tipo, deja de ser un gasto corriente para convertirse en una inversión, porque en el fondo se trata de una política preventiva de la salud, que resulta ser mucho más económica que curar, y con ello evitar el abarrotamiento de pacientes, en los establecimientos de salud del MINSA.
Por los temas anteriormente expuestos, podemos concluir indicando que, con el paso del tiempo y con los sucesivos gobiernos que se fueron relevando, como queriendo distribuir un superávit presupuestal no generado (Con balances en situación de pérdida), al Estado se le ha ido sobrecargando con compromisos ineludibles de todo tipo, hasta convertirla en una mega beneficencia pública, tanto así que este lastre (Carga financiera) necesariamente se tiene que depurar. para reflotar a esta nave de la esperanza llamado Perú; la sensatez recomienda hacer un descarte selectivo de todos ellos, aunque el costo social sea elevado, no queda otro.
De seguirse así con este incontenible tren de gastos, tendremos a un Perú en el año 2050, sumido en una terrible crisis social y económica, con trabajadores en permanentes huelgas, desbordando en marchas callejeras, en busca de reivindicar sus derechos laborales, y, con los servicios públicos colapsados por falta de recursos para solventarlos.