- dContraloría detecta un festín de los recursos que se recaudan por alquileres de espacios de la institución superior tecnológica.
- Estudiantes protestaron anoche por malos manejos y pidieron intervención de la Fiscalía para defender patrimonio de entidad.
Los alquileres de los denominados stands, ambientes, locales, cocheras, y campos deportivos que se ubican al interior del Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Salazar Romero se realizan sin ningún control administrativo y económico; y además tres de ellos se encuentran inmersos en sendos procesos judiciales que pueden originar pérdidas a la institución.
Así concluye el informe de orientación de oficio realizado por el Órgano de Control Interno de la Dirección Regional de Educación de Ancash y que la Contraloría General de la República ha hecho público.
El periodo de evaluación se realizó entre el 08 de junio y el 05 de octubre y señala que hubo una solicitud presentada por el congresista Elías Varas Meléndez, y posteriormente el Órgano de Control decidió realizar el proceso donde se identificaron situaciones adversas que amerita la adopción de acciones por las adversidades encontradas.
Según este informe no se adoptan acciones respectivas ante la falta de pago de los alquileres y no hay control por todos los ingresos que se recaudan.
El Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Salazar Romero cuenta con un terreno de 40 mil metros y está ubicado en las esquinas de las céntricas avenidas Pacífico y Anchoveta de Nuevo Chimbote, que significan una ubicación ideal para temas comerciales, por esta razón, las diferentes autoridades de este instituto tomaron la decisión de alquilar espacios (stands), locales, cocheras y hasta campos deportivos.
De acuerdo al informe del Órgano de Control, para el caso de las cocheras y campos deportivos, lo cobros se realizan de manera diaria por parte de los vigilantes de turno, quienes son los que finalmente, dinero en mano, depositan en la cuenta bancaria de la institución los ingresos diarios.
En el caso de los alquileres de stands y locales, se emiten boletas cuando los arrendatarios se acercan a institución educativa a cancelar la merced conductiva.
Según el informe, con los ingresos recaudados se pagan las remuneraciones de los vigilantes de los dos turnos, y además el servicio de energía eléctrica lo cancelan los arrendatarios de los locales y lo hacen de manera esporádica.
Señala el informe que los locales alquilados no cuentan con contrato vigente, a excepción del restaurante Muelle 27.
Según el informe de Contraloría, la deuda existente es de S/. 170,245 soles.
En el informe también se da cuenta que existen tres procesos judiciales a arrendatarios de espacios y/o locales como es el caso de Pacífico Motors, representado por Roberto Huaco Gonza, cuyo expediente se encuentra en el Primer Juzgado Civil.
Otro caso judicializado es con la Institución Educativa Privada Real Pacífico, el cual ocupa ambientes colindantes con el restaurante Muelle 27 y cuyo expediente se encuentra en el Cuarto Juzgado Civil.
Por otro lado, se encuentra el proceso judicial contra Operaciones Logísticas Alpamayo S.A.C., cuyo expediente se encuentra en el Segundo Juzgado Civil. El local que ocupa está ubicado en la esquina de la avenida Anchoveta con la calle paralela al Hospital N°1 de Essalud. Aparentemente, este local no es usado porque se encuentra cerrado.
Según el informe, el instituto tiene dos cuentas corrientes en el Banco de la Nación para controlar las operaciones y actividades de recursos directamente recaudados, en otras palabras, que todos los ingresos estarían bancarizados en las cuentas de la institución en dicha institución financiera.
Asimismo, el informe reitera, de acuerdo a la información remitida por las autoridades del Instituto Carlos Salazar Romero que alquilan los locales, pero no se adoptan acciones preventivas y correctivas para la suscripción de los contratos de alquiler, cobro de la merced conductiva, cobro de garantías y cobro de los servicios de agua y energía eléctrica.
Si bien es cierto que existen normas como el Decreto Supremo N° 028-2007-ED que aprueba el reglamento de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales en las instituciones educativas públicas, dicha norma establece restricciones, responsabilidades y acciones de supervisión, que lamentablemente el Instituto Carlos Salazar Romero no implementó, se habría estado disponiendo del patrimonio, así como los ingresos obtenidos sin un control efectivo.
El informe también señala, como los institutos superiores tecnológicos públicos se encuentran dentro del ámbito de la Dirección Regional de Educación, el director de asesoría jurídica de dicho ente debe asumir la defensa en asuntos judiciales y en este caso cautelar el patrimonio del Instituto Carlos Salazar Romero.
Incluso el informe sugiere coordinaciones con el Procurador Público del gobierno regional, porque son evidentes las adversidades que se detallan.
En el informe también se encuentra el oficio del Director General del Instituto, el Sr. Pedro Luis Pantigoso Loza, quien comunicó que al asumir el cargo encontró un mal control administrativo y económico respecto a los alquileres de los ambientes en el área denominada “La Cochera”, donde se detectaron que no todos los ingresos son registrados en el informe diario.
También señala que existe un Comité de Fiscalización y Control del mencionado instituto que no ha cumplido sus funciones de garantizar la transparencia de la ejecución y distribución de los recursos, por lo tanto, existe riesgos de pérdida patrimonial para el instituto.
El informe concluye en hacer de conocimiento de las adversidades encontradas en el Instituto Carlos Salazar Romero al Director Regional de Educación de Ancash.