Carlos Salazar Romero:
La noticia que dimos ayer resultó ser una bomba. Un informe elaborado por el órgano de control institucional de la Dirección Regional de Ancash, ha colocado al Instituto Superior Tecnológico Carlos Salazar Romero de Chimbote en el ojo de la tormenta. Gracias a ese documento, ahora se sabe que gran parte del dinero que pagan empresas comerciales y de servicio por el arrendamiento de locales de propiedad del instituto, no es recabado ni administrado formalmente por la institución. Esta recaudación se realiza sin estar sujeta a ningún control administrativo, hecho que “puede generar perjuicio económico a la entidad” como textualmente advierte el órgano de control.
Solo para citar algunos ejemplos, el informe de control señala que el alquiler de la cochera y del campo deportivo, el mismo que se realiza bajo el sistema de horario, lo cobra directamente el vigilante y que es este servidor quien personalmente se encarga de hacer los depósitos a una cuenta bancaria. No deja de llamar la atención que los recibos que se otorgan por este concepto, pueden ser con membrete o sin membrete de la institución, dependiendo según parece, de un acuerdo previo con el cliente. La pregunta que se cae de madura es ¿para qué está entonces el personal de las áreas de administración y tesorería?.
Asimismo, la mayoría de los arrendatarios de locales dedicados a la actividad comercial, arrastran una morosidad desde el año 2021 y, con la sola excepción del restaurant “Muelle 27”, los demás inquilinos no han renovado contrato de alquiler, estimándose que la deuda por este concepto supera en este momento los 170 mil soles; sin considerar la deuda complementaria por los servicios de agua y luz. En razón de esta morosidad, tres de los arrendatarios enfrentan este momento sendos procesos de desalojo.
Ha sido a solicitud del congresista Elías Varas Meléndez que el órgano de control de la Dirección Regional de Educación ha podido intervenir y detectar estas irregularidades que, así como causan sorpresa, ameritan una investigación mucho más prolija y exhaustiva.
Creado el año 1970, el Instituto Carlos Salazar Romero es una de las instituciones de educación tecnológica más caracterizadas del país; imparte enseñanza a más de tres mil alumnos en diez carreras técnicas de gran demanda en el mercado laboral. El terreno de su propiedad comprende 40 mil metros cuadrados y está ubicado en una de las zonas de mayor convergencia comercial del distrito de Nuevo Chimbote.
Con más de cincuenta años a cuestas, el local de la institución muestra a estas alturas los estragos que ocasiona el paso del tiempo y, como es natural, reclama trabajos de mantenimiento y ampliación. Justamente para eso, el Estado ha autorizado al Instituto Salazar Romero a generar sus propios ingresos a través del arrendamiento de los espacios que por ahora no utiliza. El objetivo es que la recaudación de ese dinero sirva para atender en forma prioritaria estas necesidades, empezando por la modernización y equipamiento, tanto de la biblioteca como de los laboratorios, y la renovación de los servicios higiénicos.
En tal virtud, está muy mal que la autorización para generar ingresos propios sea malinterpretada como patente de corso para que quienes trabajan en la institución hagan tabla rasa de las disposiciones y manejen estos recursos a su libre albedrío, como si el instituto fuese una chacra de su propiedad. Por muchas y muy comprensibles que sean las necesidades que afronta esta emblemática institución educativa, creemos que no por eso tenga que transformarse en un instituto “comercial”.