Discotecas:
Esta historia es ahora bastante conocida. Si un local no reúne las condiciones reglamentarias para funcionar como discoteca, su propietario tiene a la mano una primera alternativa para sacarle la vuelta a la ley y de esa manera lograr que la municipalidad le otorgue una licencia de funcionamiento. Esta opción consiste en realizar la gestión como restaurante, actividad que por supuesto no exige la rigurosidad que debe acreditar un local nocturno. Una vez obtenida la autorización, el restaurante se convierte en discoteca y lo que viene después ya consiste en saber sobrellevar la situación.
La segunda alternativa es ya un poco más sagaz pero al mismo tiempo más afectiva que la anterior. Esta consiste en ingresar la solicitud para el funcionamiento de una discoteca, a sabiendas que la petición va a terminar siendo denegada. Pero para eso, se busca llegar a un acuerdo previo con alguien de “adentro” para que los documentos permanezcan encarpetados por un término de treinta días. Ese es precisamente el plazo legal que, efectivamente, permite a todo usuario de la administración pública acogerse al beneficio del silencio administrativo y salirse con la suya.
Con o sin licencia, gracias al silencio administrativo el propietario de la discoteca termina consiguiendo lo que tanto quería, abrir su local sin el menor problema. Eso, desde luego, sin importar para nada que se cumplan los planes de contingencia y de seguridad a favor de los usuarios, como exige para estos casos el Sistema de Defensa Civil.
Esta argucia, repetimos, ya no es ninguna novedad. Lo sabe todo el mundo y así ha quedado demostrado durante un operativo realizado el último fin de semana. En cumplimiento de esta diligencia, la sub prefecta de la provincia del Santa y el sub gerente de licencias de la comuna provincial intervinieron una conocida discoteca ubicada en el malecón Grau. Cuando la sub prefecta pidió que le muestren la licencia municipal de funcionamiento, el propietario adujo que ésta se hallaba en trámite pero que el local estaba funcionando por obra y gracia del bendito silencio administrativo. La ley es la ley.
Pero ahí no quedó todo. Cuando la subprefecta propuso al funcionario municipal que proceda de acuerdo a ley y aplique una sanción al establecimiento por estar funcionando sin contar con el certificado de Defensa Civil, éste simplemente se negó. Todo parece indicar que a todos los establecimientos que se acogen al beneficio del silencio administrativo no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa.
Tal como lo informó el Diario de Chimbote, el mismo funcionario se negó días antes a proporcionar a la sub prefecta el nombre de las discotecas y otros establecimientos afines que vienen funcionando en diversos lugares de la ciudad sin tener licencia municipal ni certificado de defensa civil. ¿Se puede llamar a eso principio de autoridad?. A ese paso, Chimbote no está lejos de convertirse en el paraíso de las discotecas sin licencia.
Cuidado. Las normas exigen a estos locales una serie de requisitos relacionados con el aforo, instalaciones eléctricas, sonido y salidas de emergencia. Como se ha visto aquí y en otros lugares del mundo, una discoteca que no reúna estas condiciones de seguridad termina siendo una trampa mortal y eso no se arregla con el silencio administrativo. Por el contrario, eso aumenta el riesgo.
El orden y la seguridad no imponen guardando silencio ni lavándose las manos detrás de un escritorio. Eso se logra imponiendo autoridad en las calles.