Hoy, nuestro país atraviesa difíciles momentos. Están en juego la democracia y el Estado de derecho. El daño que hizo un Gobierno que en 18 meses destruyó la tecnocracia, debilitó las instituciones, azuzó la violencia, generó desunión y jugó con las esperanzas de los más pobres, es enorme y no debemos olvidarlo.
Es un momento histórico y vamos a salir de esta situación, pero para ello debemos ya pensar en el día de mañana, en qué aprendizajes debemos incorporar y así construir un mejor país.
Las protestas violentas atentan contra la propiedad pública y privada, contra el libre tránsito, la paz social y orden público, y afectan a miles de peruanos que hoy están impedidos de trabajar y generar ingresos para sus familias. Asimismo, los excesos que se pudieran haber cometido deben ser investigados y sancionados venga de donde vengan.
Una lección aprendida es que debemos fortalecer nuestras instituciones y tener una estrategia clara, rápida, que permita siempre defender nuestro país de cualquiera que intente generar caos y violencia, y sobre todo contar con inteligencia que identifique y sancione culpables.
También existen protestas pacíficas de peruanos que levantan su voz porque el Estado les ha dado la espalda por años. Estas voces deben ser escuchadas y sus legítimas demandas, atendidas. En los últimos años se han generado cada vez más recursos que han permitido a los Gobiernos regionales y locales contar con mayores presupuestos; sin embargo, estos no han sido invertidos eficazmente y no se han traducido en mejores servicios públicos para la población. Basta ver el caso de Puno, que en el 2022 recibió recursos de la minería mayores en un 206% comparados con 2021, y que con el dinero que no se utilizó se podría haber cerrado la brecha de establecimientos de salud en el departamento.
Debemos repensar el proceso de descentralización, que a todas luces ha fracasado. Un gran número de autoridades regionales están presas por corrupción, no hay capacidades de gestión ni experiencia para usar los presupuestos en favor de la población. Se requiere un cambio, pero no impulsando una agenda política de cambio de Constitución, que solo generará más pobreza. Como si mágicamente, una ley otorgará agua y saneamiento, servicios de salud y educación de calidad al pueblo.
Otro aprendizaje es la necesidad de avanzar en la inversión en proyectos de infraestructura. El bloqueo de la Carretera Central o de la Panamericana Sur, así como la toma de un aeropuerto durante las protestas, han expuesto la debilidad de nuestra conectividad. Hoy es la violencia, antes fueron los desastres naturales. Sin vías alternas, dejar incomunicados a millones de peruanos afecta sus ingresos y empleos, pone en riesgo la vida de la población e imposibilita la llegada del Estado.
Lo que viene mañana será una realidad diferente, donde ciudadanos, empresas y Estado debemos trabajar juntos por la unión del país, generar oportunidades para todos, tener eficiencia en la inversión pública, cerrar brechas sociales, luchar contra la corrupción, impulsar la inversión y, con ello, el empleo formal. Asimismo, comunicar los beneficios de las libertades económicas, de la libertad de emprender, del libre comercio y de la libre competencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en este objetivo.
(*) Por Jessica Luna / Publicado en Febrero 03, 2023 / Semanario 1151