MANO DURA
Cuando se realiza una construcción o una demolición, se debe tener el permiso respectivo de la municipalidad y además comunicar a las empresas de servicio, en especial cuando se trata de las demoliciones, de inmuebles rodeados de los muchos postes con cables, ya sea de servicios eléctricos o telefonía. Lo ocurrido en las esquinas de la avenida Pardo y el jirón José Carlos Mariátegui, es para tenerlo en cuenta y se realice la intervención de las autoridades, porque se han quebrado postes, se ha interrumpido el servicio eléctrico y se afectó a gran parte del Pueblo Joven San Juan. Es importante que las autoridades intervengan con firmeza porque nadie puede hacer lo que les da la gana, sobre todo cuando se supone estamos en un estado de derecho, y lógicamente poco respetan. Esa demolición empezó la mañana del viernes y en horas de la tarde, todo el inmueble estaba en el suelo, pero con las consecuencias antes mencionadas. El fin de semana los autores intelectuales habían intervenido porque la Policía detuvo a los operarios de la maquinaria pesada que intervinieron. Al margen de lo que puedan haber ofrecido los responsables intelectuales, se tiene que establecer sanciones por parte de la Municipalidad Provincial del Santa, no sólo por los daños afectados, sino para que quede como antecedente que aquí no se puede hacer lo que le da la gana sin tener los permisos y licencias especiales. Si el referido inmueble será para un futuro negocio, los responsables intelectuales deberán asumir sus culpas.
TESORERO RECAUDA
Los informes de la Contraloría General de la República son hechos reales, no son inventos, pues nos proporcionan detalles de la forma como los malos funcionarios públicos utilizan una serie de artificios para evadir la legalidad, y en muchos casos para apropiarse de lo que no les pertenece. Por ejemplo, el Informe N° 043-2022-2-0344-SCE, un funcionario de la Municipalidad Distrital de Santa dispuso que las retenciones que se realizan a los trabajadores por los pagos a la ONP, Seguro Social, se realicen a una cuenta personal suya; pero no solo eso sino también retenciones por préstamos de diferentes entidades financieras que los trabajadores pagaban por planillas, así como también de las AFPs. Hasta este extremo se llega en la función pública, es decir, apropiarse de los dineros que no son suyos y depositarlo directamente a sus cuentas personales. Los informes que hemos publicado corresponden a gestiones anteriores en los gobiernos locales y regionales, es decir, gestiones de los periodos 2019 – 2022, e incluso de anteriores. En alguno de ellos se incluye a algún alcalde. Como los procesos son largos y requieren de tiempo, muchas veces la intervención del Poder Judicial llega una década después de ocurridos los hechos. En el caso de la Municipalidad Distrital de Santa estos hechos se produjeron durante la gestión de Eugenio Jara Acosta. La justicia tarda, pero llega.
MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN
Uno de los casos que tiene alta exposición, pero cuyo proceso se encuentra en algún Juzgado del Poder Judicial, es el referente al Coliseo Cerrado Gran Chavín, que todos los que transitan en la avenida Pardo o Meiggs, entre Chimbote y Nuevo Chimbote lo observan a diario cuando se sobrepasa el Centro Comercial Mega Plaza. Esa es una obra emblema de la corrupción, si así se le puede llamar y su construcción empezó durante el segundo gobierno de César Álvarez Aguilar. Es un monumento a lo que no se debe hacer en la gestión pública y debe servir de ejemplo para todos los estudiantes de ingeniería o arquitectura que se interesen en la gestión pública, ahí quedará para la posteridad y lo único que falta es hacerle una placa recordatoria y que tenga un enlace en internet para que todos conozcan esa realidad lacerante que nos azotó en nuestra región por más de una década.