Por: Víctor Andrés Ponce (*)
El Poder Judicial, a solicitud del Ministerio Público, acaba de ordenar la prisión preventiva de Yaneth Navarro, sindicada como una de las financistas de la ola insurreccional que se desató en el Perú luego del golpe fallido del expresidente Pedro Castillo. A Navarro se le encontró una libreta con una lista de más de 60 personas a quienes se pagaba por desatar violencia, destruir el Perú y los bienes públicos y privados. También se le encontró alrededor de S/ 2,000 en efectivo. Si bien la cantidad parece pequeña, el dinero manejado por los financistas –a través de transferencias bancarias de más de S/ 70,000– amerita una investigación a fondo.
Por otro lado, Navarro fue grabada hablando con un familiar directo de Castillo y en el audio se registra la información acerca de que dos policías habían sido tomados como rehenes y que el objetivo era la liberación del exmandatario, luego del golpe de Estado fallido. Asimismo, la judicatura estableció comparecencia con restricciones para Cirilo Mamani por sus vínculos con Navarro.
Considerando que las diversas oleadas insurreccionales que han desarrollado las vanguardias comunistas con el objeto de quebrar el Estado de derecho y convocar una constituyente –que se han expresado en ataques y destrucción de aeropuertos, ataques a comisarías, bloqueos de carreteras, cierre de mercados y destrucción de la propiedad pública y privada–, a nuestro entender, representan una movilización económica y logística sin precedentes en las últimas tres décadas, la decisión del Ministerio Público y del Poder Judicial con respecto a Navarro y Mamani restablece el derecho y la autoridad democrática en el país. La decisión revela que el Estado de derecho ha comenzado a actuar y se convierte en la primera línea de pacificación y gobernabilidad.
Si ambos personajes están vinculados a transferencias bancarias de dinero para promover la ola de la violencia, entonces las preguntas acerca de si la minería ilegal y el narcotráfico fueron las fuentes de financiamiento de la violencia podrían ser absueltas siguiendo la ruta del dinero. Cuando el dinero tiene una ruta –dicen los investigadores– todas las investigaciones prosperan. Por otro lado, considerando el protagonismo de los países del eje bolivariano en el respaldo al golpe fallido de Castillo, igualmente, siguiendo la ruta del dinero en las investigaciones se podrá determinar si los gobiernos vecinos intervinieron directamente en la crisis del país.
Planteada las cosas así, la decisión del sistema de justicia en este caso fortalece el Estado de derecho. Notifica a los vándalos, delincuentes y terroristas, que la impunidad no va más y restablece las posibilidades de la paz social en el país.
Es imposible que un Estado de derecho –es decir, un sistema constitucional de instituciones– se defienda solo con la policía nacional (PNP) y las fuerzas armadas, porque una democracia, principalmente, se basa en la acción de sus instituciones antes que el uso constitucional de la fuerza. ¿Cómo entonces los vándalos van a desarrollar violencia delincuencial de todo tipo y solo van a ser contenidos por la PNP para evitar la quema de una mina, de una empresa o de los edificios del sistema de justicia? Imposible.
Algo así, de una u otra manera, ha venido sucediendo en el llamado corredor minero del sur, en donde la impunidad de las minorías radicales ha posibilitado que se vandalice y se destruya las inversiones mineras.
En Ayacucho, en Ica y en Lima se comienza a restablecer la gobernabilidad y la pacificación porque nuestra heroica PNP evitó que se destruyeran locales públicos, empresas, edificios históricos e, incluso, el propio Congreso del país. Sin embargo, si la paz y la gobernabilidad empiezan a consolidarse es por la decisión del Ministerio Público y del Poder Judicial de identificar y procesar a todos los vándalos que han destruido el país. Y, ese camino, desmontar la organización del financiamiento es fundamental bajo cualquier ángulo de análisis.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)