Por: Fernando Valdivia Correa (*)
El pasado 15 de febrero fue publicado en El Peruano el ACUERDO DE CONCEJO N° 026 mediante el cual la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró al Centro Histórico de nuestra capital como Zona Intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública. Por su parte, el 22 de los corrientes se publicó en el mismo Diario la Ordenanza 601/MM, a través de la cual la comuna miraflorina ratificó la Ordenanza 256-MM que oportunamente declaró zona restringida para cualquier tipo de concentración o manifestación pública a sectores de dicho distrito. Ambas normas están bien emitidas, toda vez que si bien la Policía Nacional tiene la tarea de cuidar el orden interno en el país, son las municipalidades las encargadas de administrar la ciudad.
Ahora bien, es correcto reclamar. Es un derecho constitucionalmente protegido, así como el deber de las autoridades competentes atender estos pedidos. A mayor abundamiento, Apurímac y Puno. En el primero, que por cierto es la tierra natal de la actual mandataria, en el 2012 recibió un presupuesto anual de S/ 1,000 millones (entre Región y municipalidades). Diez años después se le otorgó S/ 2,700 millones. Cerca del triple. Sin embargo, el indicador de “Porcentaje de Anemia en niños de 6 a 35 meses” incrementó de 47.4% (2012) a 51.1% (2021); mientras que en el segundo, Puno recibió en el 2012 un presupuesto de S/ 2,000 millones, y una década posterior contó con S/ 4,200 millones. Más del doble. No obstante, el indicador “Incidencia de pobreza monetaria total” pasó de 35.9% (2012) a 42.6% (2021), y el indicador “Porcentaje de Anemia en adolescentes entre 15 y 19 años” de 27.3% (2012) a 31% (2021) (Fuente, MIDIS). Es evidente que la ejecución del gasto público no va aparejada con el cierre de brechas que espera la población.
De otro lado, está el derecho, nuestro derecho -también constitucionalmente protegido- a vivir en paz. Ejemplo de ello es Cajamarca. Hace unos años tuvo una de las peores gestiones con Gregorio Santos como Gobernador Regional, oponiéndose radicalmente a la minería formal con el eslogan “agua sí, oro no”, generando pérdidas de miles de empleo, directo e indirecto. Actualmente, o mejor dicho la semana que nos dejó, inauguraron el “Carnaval Cajamarquino”, superando más de 70 mil turistas, entre nacionales y extranjeros. Retomaron el eslogan de antaño “Cajamarca te espera” y lo convirtieron en un rotundo éxito.
La ciudad no solo es aquella que nos vio nacer. Es además el lugar donde residimos, laboramos, estudiamos, formamos familia; es decir, realizamos los quehaceres cotidianos. Aprendemos, tarde o temprano, a quererla y valorarla. El reclamante tiene todo el derecho de exigir que cumplan siquiera con cuestiones básicas (agua, luz, escuelas, postas médicas, etc.) que por años vienen siendo postergadas. Pero también tiene el deber de respetar al resto de peruanos de transitar libremente por las calles, sin el temor que el negocio sea saqueado, o que la entidad pública (comisaría, sede del Poder Judicial, etc.) sea quemada. Sí, hagan sentir su voz, fuerte y claro, pero por favor, con mi ciudad no te metas.
(*) Abogado