Hospital La Caleta:
Cuando en el año 2013 se firma el contrato a través de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) entre el Consorcio La Caleta y el gobierno regional, por lo menos tres empresas integrantes de ese conglomerado empresarial tenían serios problemas para contratar con el estado, según la información publicada en la OSCE y que a estas alturas nadie entiende porqué razones se dio luz verde a esa firma, estando de por medio una inversión que en ese momento llegaba a S/. 178 millones de soles, y cuyo destino era la construcción y equipamiento del futuro hospital La Caleta.
El Consorcio La Caleta está integrado por cinco empresas: COLESI Contratistas S.A., Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú; Cárdenas Mayta Antonio e Ingenieros; Tecnología Industrial Nacional S.A. TECNASA, y AIDOS Arquitecto y finalmente, José Hernando Vigo Moromizato Arquitecto.
De estas empresas, COLESI Constratistas Sociedad Anónima, cuando se firma el contrato en el 2013, tenía procesos en el OSCE, pues había presentado documentos falsos entre enero y setiembre del 2011, y mediante la resolución N°2261-2010-TCE-S4, fue inhabilitada por ocho meses, iniciando ahí una serie de procesos, que en el 2015 la inhabilitan definitivamente para contratar con el Estado. El representante legal de esta empresa es Carlos Antonio Orellana Vidaure, quien, en ese entonces en el 2013, fue el representante legal del Consorcio La Caleta. En el 2014, fue sancionado veinte meses por presentación de documentación falsa e inexacta mediante resolución de la OSCE N° 568-2012-TCE-S1.
Además, entre el 2017 y 2018, fue sancionada con veinte y treinta y nueve meses por las mismas infracciones, de presentación de documentación falsa, y sancionada con sendas resoluciones de la OSCE, hasta quedar definitivamente inhabilitado de contratar con el Estado. Esta empresa fue la que lideró las negociaciones entre el Consorcio La Caleta y el gobierno regional.
Es una empresa que se adjudicaba obras en diferentes gobiernos locales del país, y en la mayoría de ellas, las obras no se terminaban por los diferentes problemas que presentaban; y en muchas oportunidades presentaban cautelares en los distritos alejados para evitar sanciones que le había puesto la OSCE de contratar con el Estado.
Otra de las empresas que formaba parte del Consorcio La Caleta es Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, que también tiene sanciones que registra el Tribunal de Contrataciones del Estado. Si bien es cierto que estas sanciones son posteriores al 2020, como cumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marcos, le imponían multas por encima de los S/. 6 millones de soles con resolución N° 1876-2020-TCE-S1, comprueban estas sanciones que estamos ante empresas irresponsables.
Asimismo, en ese año presenta otras sanciones con las resoluciones N° 2520 y N° 2702, por haber presentado documentación falsa a las unidades ejecutoras y al Tribunal de Contrataciones del Estado. Las sanciones fueron de treinta y ocho meses, pero usando los artificios que dispone de la legalidad, solicitó un pedido de cautelar al Cuarto Juzgado Contencioso de Lima, que resolvió concedérsela.
Del mismo modo, con la resolución N° 1646-2020-TCE-S1, se le impuso una multa de S/. 5’486 mil soles por incumplir su obligación de perfeccionar el contrato en la licitación pública N° 013-2018-GRP/OBRAS para la ejecución del mejoramiento y ampliación del hospital Ramon Eguabil de Villarica, Oxapampa, Cerro de Pasco.
Son estas las empresas que firmaron contrato con la región Ancash en el 2013 y las que posteriormente ganaron el arbitraje y cobraron S/. 8 millones y medio de soles por un trabajo que al final no fue aprobado porque en aquellos momentos no se sabía dónde se iba a construir el hospital. Al final el terreno se compró en el año 2019.
Otra empresa del consorcio sancionada es la de Antonio Cárdenas Mayta, en sociedad con Colesi por una obra en la municipalidad provincial de Carabaya. La sanción fue de seis millones de soles y los hechos ocurrieron en el 2009 es decir antes de firmarse el contrato del consorcio La Caleta.
ACTUALIZACIÓN
Cuando asume el gobierno regional Juan Carlos Morillo, toma contacto con los representantes del consorcio La Caleta, pues tenían pendiente el arbitraje que ellos habían ganado en el 2016 e intentaban cobrarlo.
Fuentes dignas de todo crédito aseguraron a este Diario que, accedían a pagar el arbitraje, pero con la condición que ellos actualizaban el expediente técnico e incluso, se licitó una nueva supervisión, tal como ayer informó nuestro Diario. El consorcio La Caleta actualiza el expediente técnico que volvió a ser desaprobado por la DIRESA por la falta del PMF, posteriormente el referido consorcio se negó a levantar las observaciones y desaparecieron del mapa.
VOLUNTAD POLÍTICA
Una fuente digna de todo crédito dijo ayer a este Diario, que para destrabar el tremendo problema que significa el expediente técnico del Hospital La Caleta, solo se necesita voluntad política por parte del gobierno regional, pues no existe otra forma para superar este problema.
Pueden existir dos alternativas, la primera de ellas es levantar las observaciones de ese expediente actualizado; y la otra es hacer un nuevo expediente, cerrar el anterior y empezar el proceso nuevamente, porque se tiene que entender que en el momento que se inicia el primer perfil y se emite el primer presupuesto, se hizo esos documentos teniendo como actual sede donde se encuentra el hospital La Caleta.
Si tienen que empezar de cero, lo deben hacer”, dijo nuestra fuente, con un nuevo perfil de inversión, con un nuevo presupuesto e incluirlo en el plan anual de inversiones, pero tiene que haber la decisión política de hacerlo, eso no quiere decir que se deje de lado las responsabilidades que ha conllevado la elaboración de ese primer expediente técnico.
Finalmente hizo un comentario, se elaboró un expediente técnico sin saber dónde se iba a realizar la obra y a estas alturas, las condiciones que pone el MINSA para la construcción de hospitales han cambiado, por lo que es preferible empezar de nuevo y de cero.