Sobre el escandaloso caso del expediente técnico del Hospital La Caleta
El Ministerio Público investiga en los actuales momentos los hechos presuntamente dolosos que conllevaron a la firma del contrato entre el Gobierno Regional y el Consorcio la Caleta el 08 de abril del 2013 y donde habría existido colusión entre las partes que firmaron y por tal motivo se encuentran investigados Germán Martínez Cisneros, gerente de infraestructura de entonces del Gobierno Regional, y Carlos Orellana Vidaurre por parte del Consorcio La Caleta.
Después de haberse realizado la investigación preliminar el Ministerio Publico solicitó el 14 de junio del 2022 teniendo como Fiscal a cargo a Isela Gonzales Torres, la formalización de la investigación preparatoria en un plazo de 8 meses que se ha cumplido en el último mes de febrero y donde la propia Fiscalía concluye que este es un caso complejo.
El Diario de Chimbote cuenta información del expediente y donde se proporciona todos los detalles del proceso. Se señala ahí que, la Organización de Estados Iberoamericanos realizó el proceso de selección internacional para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra incluyendo el equipamiento, pero donde solo participó un solo postor, el Consorcio la Caleta.
El contrato N°029-2013-OEI-GRA/GRI(FS11/18, ANEXO1) fue firmado por los representantes legales de ambas entidades, en representación del Gobierno Regional firmó Germán Martínez Cisneros como gerente de Infraestructura, y Gaston Felix Alemán en representación del Consorcio La Caleta. Según ese documento es un contrato de ejecución de obra en la modalidad CONCURSO OFERTA.
Según dicho contrato, la elaboración del expediente técnico tenía un valor de 7’667,086.34 soles, en un plazo de 180 días. La ejecución de la obra tenía un valor de s/. 89’561,063.99 y el equipamiento s/. 80’575,708.01; ambos en un plazo de 540 días, y se hace un total del proyecto s/. 177’803,858.34. el plazo total del proyecto era 720 días.
Según la carpeta fiscal existen 6 irregularidades:
La primera irregularidad, el Gobierno Regional declaró viable la factibilidad del proyecto sin considerar que el terreno propuesto para su ejecución en el lugar donde se sitúa el hospital existente no cumple con las normas técnicas del sector, disponiéndose posteriormente que el expediente técnico se desarrolle en otro terreno sin realizar el saneamiento físico legal previo, con el riesgo que la obra no se ejecute a pesar del tiempo transcurrido.
Aquí se da cuenta que mediante oficios remitidos entre el Consorcio y el Gobierno Regional, se da inicio al plazo de los trabajos el 24 de abril del 2013, pero 02 de mayo del mismo año, se pone en duda la ejecución en el actual terreno donde se encuentra el hospital, por esa razón el contratista, entregó al Gobierno Regional un informe donde el terreno del actual hospital la Caleta no cumple con la Norma 0A050SALUD, por lo cual ese terreno se mostraba inapropiado para ejecutar las obras de materia del contrato.
El 01 de julio del 2013, el Gobierno Regional le informa al Consorcio la Caleta que debe elaborar el expediente técnico teniendo en cuenta un terreno denominado “Dos de Mayo”, pero no entregó ubicación, documentos, ni saneamiento del mismo. (El terreno se compró en abril del 2019).
Segunda irregularidad, el Gobierno Regional resolvió el contrato de manera unilateral garantizando al contratista el pago integral por la elaboración del expediente técnico sin que este haya sido concluido, y además no se tenía disponibilidad del terreno por lo que su elaboración resultaba un riesgo.
El Consorcio entregó sus informes y posteriormente inició el arbitraje el 25 de noviembre del 2014. El laudo arbitral se emitió el 14 de julio del 2016 donde se declaraba procedente pagar el expediente técnico por un monto de hasta s/.7’667,086.34 más los intereses generados por la emisión de dicho laudo.
Tercera irregularidad, sin mediar sustento, el área usuaria del Gobierno Regional que formuló los Términos de Referencia (TDR) incrementó el monto de inversión del componente equipamiento en 133’530,405.68 soles, e incluyó equipos no previstos en el estudio de pre inversión los cuales no corresponden a la categoría II-2 del establecimiento situación que incrementa su capacidad resolutiva de manera injustificada.
Cuarta irregularidad, el componente equipamiento elaborado por el contratista resulta insuficiente respecto del nivel mínimo por la normativa vigente del sector para un establecimiento de salud de categoría II-2, situación que pondrían en riesgo los estándares mínimos para su acreditación ante las instancias competentes.
Según la carpeta fiscal sobre los pagos realizados por la elaboración del expediente técnico y la presunta materialización de la defraudación patrimonial consumada da cuenta que el 27 de diciembre del 2019 el Consorcio la Caleta remite al Gobierno Regional el expediente técnico completo de tal forma que solicitan el pago en cumplimiento del laudo arbitral. La unidad formuladora emitió un informe N°031-2020-GRA-GRI donde señalaba que ha realizado la búsqueda respectiva en el banco de inversiones y el sistema de seguimiento de inversiones y encontró que el proyecto del hospital la Caleta tenía el código único de inversión 2110841 que se encontraba activo con los presupuestos actualizados de tal manera que sugiere que la gerencia de infraestructura y las áreas competentes evalúen el pago del laudo arbitral. Posteriormente el Consorcio la Caleta comenzó a emitir facturas electrónicas para recibir los pagos estipulados en el laudo arbitral.
En el análisis de los hechos, el Ministerio Público señala que se encuentran frente a notables irregularidades que generan razonables sospechas de la existencia de comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión por parte del funcionario del Gobierno Regional German Martínez Cisneros, quien se habría concertado con los representantes del Consorcio la caleta para la suscripción del contrato N°029-2013-OEI-GRA/GRI(FS11/18, ANEXO1) de fecha 08 de abril del 2013.
La fiscalía señala que habrían defraudado patrimonialmente al Gobierno Regional de Ancash por un monto ascendente a s/. 7’667,086.35, cifra que corresponde al pago ordenado por el laudo arbitral promovido por el Consorcio La Caleta por elaborar un expediente técnico de un proyecto controvertido.
El Ministerio Publico señala a Carlos Orellana Vidaurre representante legal del Consorcio la Caleta como cómplice primario por haber participado en la colusión agravada defraudando patrimonialmente al estado.
Nuestro Diario tuvo conocimiento que el Ministerio Público ha intervenido en la actualización del expediente técnico en el año 2020, es decir, habrá otra carpeta fiscal tan complicada como esta primera y que en cualquier momento empezarán las investigaciones. En esta primera parte la investigación preparatoria ha terminado y aun no conocemos las conclusiones de la fiscal las cuales se tienen que dar frente a un juez.