Recientemente, el Sistema de Alerta ante El Niño y La Niña costeros del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) modificó su estado de “No activo” a “Vigilancia de El Niño Costero”, ante el calentamiento anómalo en la temperatura superficial del mar. Esto significa que existe una mayor probabilidad de ocurrencia de El Niño durante el resto del verano hasta mediados de otoño de 2023. Lamentablemente, a pesar de ser recurrente, existe una proporción poblacional importante expuesta a la mayor intensidad de lluvias, eventos de desplazamiento de masas (huaicos, avalancha de rocas, entre otros) e inundaciones a raíz de este fenómeno.
De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en los últimos meses, la temporada de lluvias muestra anomalías de exceso de precipitaciones en algunas provincias. Por ejemplo, en enero, el distrito costero más afectado fue Eten, en la provincia de Chiclayo (Lambayeque), con aumento de precipitaciones del 105%[1]. En la sierra, destacó el distrito de Chota, en la provincia de Chota (Cajamarca), con incrementos del 182%. Sin embargo, esta situación se agravó en febrero, con aumentos de las precipitaciones en zonas específicas de la sierra occidental, que produjeron anomalías de entre el 100% y el 800% en los departamentos de Áncash, Lima, Ica y Arequipa, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
Lamentablemente, dicha situación genera un aumento constante en la cantidad de elementos expuestos al riesgo de mayores precipitaciones. Esto se aprecia en el incremento considerable a 381 distritos vulnerables entre el 9 y 11 de marzo de 2023, a pesar de que, durante el 14 y 15 de febrero, solo 124 distritos estaban expuestos. Como consecuencia, en el último aviso meteorológico, la población expuesta a mayores precipitaciones ascendió a 3,963,344 personas (+1,644% respecto de lo registrado a mediados de febrero), mientras que las viviendas, a 1,094,447 (+1,432%), establecimientos de salud a 1,974 (+496.4%) y las instituciones educativas, a 11,074 (+574%).
Sin embargo, esta cantidad de elementos expuestos a mayores precipitaciones continuaría aumentando durante los próximos meses, porque el Cenepred estima un total de 8,399,714 personas en riesgo alto o muy alto de ser afectadas por inundaciones durante marzo-mayo de 2023. La Libertad es el departamento más vulnerable con 1,381,243 personas expuestas a este tipo de eventos, la mayoría en la provincia de Trujillo (960,801 personas), y sobresale el distrito de Trujillo, con 314,939 personas. El segundo más afectado es Piura, con 1,114,955 personas, donde resalta la provincia de Piura, con 661,250 personas, la mayoría en el distrito de Veintiséis de Octubre (165,779 personas).
Por otro lado, la población expuesta a riesgo alto o muy alto de desplazamiento de masas asciende a 3,707,063 personas. La mayoría se concentra en el departamento de Piura (527,092 personas), donde destaca la provincia de Ayabaca con 117,396 personas en riesgo. Estas se concentran en el distrito de Ayabaca, con 30,196 personas. Lima es el segundo departamento más afectado, con 457,822 personas en riesgo elevado, las cuales se concentran en la provincia de Lima (316,067 personas), donde destaca el distrito de Lurigancho, con 240,814 personas.
RESULTADOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Para prevenir la exposición a riesgos y amenazas, a nivel nacional opera el programa presupuestal 0068, denominado Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Este tiene como objetivo proteger a la población expuesta a peligros de intensidad muy elevada, como el fenómeno de El Niño. De acuerdo con la estructura del programa, los Gobiernos locales tienen la responsabilidad de elaborar planes de acondicionamiento territorial, la monumentación y control de fajas marginales, el tratamiento de cuencas altas y la mantención de cauces, así como la elaboración de defensas ribereñas, entre otras acciones.
Como consecuencia, una proporción importante del presupuesto es destinado hacia los Gobiernos locales, quienes han cobrado mayor participación en la inversión pública por este concepto en los últimos años. En detalle, la inversión pública para la reducción de vulnerabilidad ante emergencias y desastres ascendió a S/ 759 millones (+6.3% respecto a 2021; 67.7% del presupuesto total nacional) en 2022, de los cuales S/ 334 millones pertenecieron a los Gobiernos locales, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, en este nivel de gobierno solo se ejecutó el 66.1% del presupuesto anual, aunque esto también se explica por la considerable modificación del presupuesto destinado a Gobiernos locales durante el año, que limita la programación de inversiones.
Las municipalidades con peor desempeño se concentraron en Lambayeque, donde no hubo inversión en 2022 relacionada con este concepto, debido al cierre de los proyectos orientados a la rehabilitación de infraestructura dañada por el fenómeno de El Niño en 2017 y la falta de avance físico en la creación de la defensa ribereña en el margen derecho del río San Cristóbal. Madre de Dios solo ejecutó el 28.6% del presupuesto programado, aunque recibió el menor presupuesto anual, con solo S/ 14,000 para inversión. Y las municipalidades de Áncash solo ejecutaron el 33% del presupuesto anual, que ascendió a S/ 108 millones, el mayor del periodo para municipalidades.
En relación con los departamentos más vulnerables a los riegos del fenómeno de El Niño, en Piura, las municipalidades ejecutaron el 78%, de la inversión pública programada, de S/ 11.8 millones en 2022. Sin embargo, La Libertad solo ejecutó el 56.4% de S/ 12.1 millones, lo cual representó el quinto peor desempeño municipal a nivel nacional. Y, en Lima, las municipalidades ejecutaron el 72.6% del presupuesto de S/ 19.6 millones.
Es importante reconocer que estos resultados son influenciados por la falta de capacidades en la gestión de prevención de riesgos, lo cual limita la priorización y planificación adecuada de las inversiones durante el año. Lamentablemente, a pesar de la recurrencia de este fenómeno, constantemente se registra una proporción elevada de municipalidades que requiere capacitaciones al respecto. Un total de 968 municipalidades (51.7% del total) a nivel nacional reportaron requerir capacitación sobre la evaluación del riesgo de desastres en 2019, mientras que 917 municipalidades (48.9%) requerían capacitaciones para la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgos de desastres, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Si bien la proporción de municipalidades que requerían capacitación en ambas materias superó el promedio nacional en varios departamentos, preocupa la persistente necesidad de estas intervenciones en los departamentos más vulnerables a riesgos asociados con el fenómeno de El Niño. Por ejemplo, a pesar de que, en el evento de 2017, Piura fue uno de los departamentos más afectados con alrededor de 22,000 viviendas destruidas, según el Instituto Nacional de Defensa Civil, el 47.7% de municipalidades continuaba requiriendo capacitaciones en evaluación de riesgos y el 41.5% en elaboración de planes respectivos.
Esto también ocurre en La Libertad, donde El Niño de 2017 generó la pérdida de casi 12,000 hectáreas de cultivo y cerca de 20,000 viviendas destruidas. Sin embargo, en 2019, el 38.6% de municipalidades continuaban requiriendo capacitaciones en evaluación de riesgos, mientras que el 31.3% lo hacía en elaboración de planes de prevención. Durante 2017, en Lima se perdieron 1,500 kilómetros de carretera, aunque casi 6,500 kilómetros fueron afectados, pero más de la mitad de las municipalidades requería capacitaciones en ambas materias dos años después.
Es decir, a pesar de la relevancia y recurrencia de los riesgos asociados a mayores precipitaciones a nivel nacional, todavía estamos lejos de alcanzar un adecuado nivel de prevención. Es indispensable que exista una efectiva ejecución de inversiones para limitar el impacto de estos fenómenos, pero también es importante reforzar las capacidades de los Gobiernos locales para identificar los riesgos y prevenirlos.
[1] Se considera la ubicación de las estaciones del Senamhi que registraron mayores incrementos en precipitaciones.
(*) ComexPerú / Publicado en Marzo 10, 2023 / Semanario 1156