Por: Víctor Andrés Ponce (*)
En el preciso momento en que en el Perú se derrota una de las insurrecciones más feroces en la región, que buscaba cancelar la Constitución y el Estado de derecho para una instalar una asamblea constituyente, un sector de las encuestadoras de opinión empieza a registrar un incremento de la opinión pública a favor de una constituyente. Y, por otro lado, diversos sectores del progresismo empiezan a migrar de posición y ahora apoyan la propuesta de una nueva Constitución.
De repente la percepción no es que el Estado de derecho se afirma en el Perú ante una de las estrategias violentistas más cruentas de la región, sino que el proyecto de la constituyente empieza a sumar adhesiones. Más allá de que todo pueda tratarse de la estrategia de una corriente desplazada del control del Estado, es necesario establecer por qué una constituyente es la peor amenaza para la democracia y la institucionalidad.
Una asamblea constituyente es la instalación de un organismo que, en el acto, disuelve o vuelve líquido todo el sistema de control político que se ha venido organizando en las últimas cinco elecciones nacionales. Es decir, crea una asamblea con poder omnímodo, sin control político, que no responde ante nadie. En otras palabras, los asambleístas se convierten en “dioses políticos” que definen el curso del Estado.
Para decirlo con palabras sencillas: la constituyente no solo deroga la Constitución vigente, sino que cancela el Estado de derecho. ¿Cuál es la diferencia entre Constitución y Estado de derecho? La Constitución es el texto escrito que establece la parte orgánica y dogmática de la organización estatal. Sin embargo, el Estado de derecho es el proceso de movilización de las instituciones –que derivan de la Carta Política– para controlar el poder y establecer los equilibrios constitucionales.
El Estado de derecho es el Ejecutivo y el Congreso controlándose mutuamente, el Tribunal Constitucional estableciendo la inconstitucionalidad de las leyes, es el desarrollo independiente del Ministerio Público y el Poder Judicial para aplicar la ley y sancionar, es la vigilancia del Banco Central de Reserva de la política monetaria, las acciones de control de la Controlaría General de la República y así sucesivamente.
La instalación de una constituyente, en el acto, pone en suspenso la Constitución y cancela el Estado de derecho. Algunos más avezados podrán sostener que en la convocatoria de una eventual constituyente, se podría poner una disposición que establezca que mientras no se apruebe la nueva constitución, el Estado de derecho sigue vigente. Sin embargo, los poderes constituyentes de esa asamblea estarían por encima de cualquier disposición o ley. Todos lo sabemos.
Otros más perspicaces señalarán que cuando se redactaron las constituciones de 1979 y la de 1993, igualmente, las constituyentes concentraron todo el poder y no pasó nada. Hay una diferencia radical: en los dos procesos constituyentes mencionados existía una dictadura militar y un régimen autoritario. No había nada parecido a un Estado de derecho.
El Estado de derecho son las instituciones en movimiento para controlar el poder y provienen de constituciones escritas (como la de Estados Unidos) y no escritas (como la del Reino Unido -common law). De allí que todas las constituciones democráticas del planeta que han originado Estados de derecho (rule of law), nieguen la posibilidad de una asamblea constituyente, porque nadie siquiera discute la eventualidad de cancelar el Estado de derecho. Imposible.
De allí también que todas las constituciones democráticas del planeta solo consideren la posibilidad de la reforma total o parcial de la constitución dentro de los marcos de la Carta Política vigente, y bajo el proceso de construcción y control del Estado de derecho.
Planteadas las cosas así, es evidente, pues, que la instalación de una asamblea constituyente que cancela el Estado de derecho representa la quiebra de la democracia y el asalto al poder de una minoría o mayoría circunstanciales para instalar un régimen totalitario. No hay duda.
¿Usted estaría dispuesto a entregar todo el poder a la nación a 100 o 200 asambleístas?
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)