Por: Sergio Agurto Fernández (*)
Cada día nos encontramos atrapados en la rutina de la confrontación, ocasionado por fenómenos políticos y sociales, propios de nuestra época, donde cada ciudadano trata de encontrar un espacio para sobrevivir, una vivienda quizás, pero sí una oportunidad de trabajo.
Todo esto no es más que la antesala de los momentos difíciles que nos tocará vivir. Entendamos tal exasperación de ánimos, como el impetuoso despertar del “soberano” (Pueblo), marginado por siempre en la toma de decisiones y que ahora se pronuncia exigiendo cambios en la conducción del país. Si el “soberano” elige a sus gobernantes, entonces nada le impedirá ejercer igual derecho para removerlos, por la vía que fuera, cuando ellos defraudaron su confianza.
En todos los niveles del gobierno, los funcionarios están más preocupados por el horario de salida que por dejar “limpia” la “bandeja de entrada de documentos”, con la consiguiente encolerización de los administrados. Nadie hace algo por iniciativa propia, siempre tiene que haber un escrito de por medio, o que alguien le toque la puerta de sus oficinas. Nos preguntamos entonces, si esto no serían las causales para que los trámites demoren una eternidad. ¿Acaso si para lograr el objetivo deseado, el usuario debe sucumbir a la presión de la clásica “aceitada” (Coima). Vaya uno a saber.
Los congresistas, por ejemplo, infaltables en toda conversación, en cumplimiento de sus funciones, tienen la facilidad para presentar proyectos de ley por cualquier cosa que se les ocurra, salvo conocidas excepciones, pero por su intrascendencia, estos mandatos legales no debieron de eclosionar de la mente del legislador, para no ocupar un espacio en la frondosidad legislativa del país.
Debe ser una práctica saludable, entre quienes intentan candidatear a los cargos electivos (Presidente, congresista, gobernador, alcalde), es de entender que ya deben tener preparado un diagnóstico de la realidad nacional, para trabajarlos como proyectos de ley, o normas de menor jerarquía, desde entes de acceder al cargo y no después, pero ocurre todo lo contrario, el gobierno entrante recién se pone a trabajar en el tema, meses después de su juramentación, enviando iniciativas legislativas al Congreso, entre ellas el pedido de facultades extraordinarias para legislar en temas específicos.
Los problemas del Perú están ahí a la vista de todos, y según sea la línea de carrera o el cristal con que se mire, se les podrá identificar y proponer alternativas de solución. Pero hay una contagiante pereza mental que impide crear modelos de desarrollo originales, y siempre se está a la expectativa de que estos modelos se den en otras latitudes, para copiarlos.
Veamos algunos temas al respecto que merecen ser puestos en la agenda política.
1.- LA JUBILACION
Es recurrente el problema de las bajas pensiones que agobian a los jubilados, debido al mal diseño del sistema previsional. Sin medir riesgos ni consecuencias, hicieron del Estado un ente monopólico en el negocio previsional, quizás porque no había en el entorno latinoamericano, un modelo para imitar, y esto ocasiona: a) Perjuicio a los trabajadores, condenándolos a percibir pensiones miserables, y b) Obliga al Estado a asumir pasivos laborales que no le corresponde, como lo es financiar los mayores costos de la planilla de jubilados de la ONP. Ahora, teniendo como competidora a la AFP, se suma como ingrediente negativo, cosa que no ocurre en la ONP, la probabilidad de mayores años de vida, arriba de los 100 años, al que pocos llegan, pero disminuye en el cálculo de la pensión, esto en el caso de la AFP. En la ONP el tema se maneja social y políticamente, porque se tiene el respaldo financiero del Estado, para lo que ahí se quiera hacer, en casos como por ejemplo, la pretendida “universalización de la jubilación”, sin cumplir con los requerimientos normativos (Reducción de los años de aportación y sin importar la cuantía del fondo acumulado).
Para que toda reforma previsional funcione, se tiene que empezar poniendo orden en casa (Estado), creando un solo régimen laboral más justo y equitativo, para que no se siga cometiendo abusos en contra de los ciudadanos que venden sus servicios al Estado; siendo remunerados mediante una orden de servicio y con recibo de honorario; pero lo más grave es que no se les hacen los descuentos para la jubilación. Resulta evidente que el Estado no quiere tener ninguna carga laboral fuera de planilla, para facilitarle al gobierno a seguir siendo un eterno evasor y deudor de Essalud, CTS y otras obligaciones patronales. Bueno ese no es el tema. A estas personas se les viene explotando irracionalmente, sin ningún remordimiento por parte de los administradores de turno (Gobierno), que ponen en práctica aquella clásica expresión: “explotación del hombre por el hombre”, que se creía que ya estaban enterradas en el basurero de la historia. Se tiene que normar para que los trabajadores independientes e informales, cualquiera sea la categoría de renta que perciban, libre y voluntaria puedan incorporarse a un sistema previsional, para que más adelante no se tenga a ciudadano envejecidos, formando parte del programa Pensión 65.
Desde hace algún tiempo han venido germinando una serie de ideas reformistas del sistema previsional, tales como:
1.1 Se plantea ((03 2023) aperturar una cuenta bancaria a todas las personas que cumplan 18 años de edad, para que de cada bien o servicio que adquieran, del IGV incluido en el precio de venta del producto (18%), el 5% se le abone a su cuenta personal, a fin de formar un fondo de jubilación. Esto suena como a una encubierta mala intención de fomentar la holgazanería en la población juvenil que recién inician su vida laboral que asumen al paternalismo estatal como algo natural. Peor aún, esta interceptación de los fondos públicos a favor de terceros, en realidad es como un asalto a las finanzas pública, al mismo estilo del “oeste americano”.
1.2 Por su parte la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones (AAFP), en 02 2023, presentó una propuesta de reforma del sistema nacional de pensiones, con la que plantea que las personas con menos de 20 años de aportes, perciban una pensión mínima mensual, mientras que para aquellas personas con 10 y 20 años de aportes, se plantea una pensión escalonada. Esta iniciativa no tiene nada de especial, ya en la ONP se viene aplicando. Pero la novedad está en que implica la creación de un “capital semilla” que aportará el Estado a favor de cada recién nacido para financiar Pensión 65 ( ? ).
Así como se plantea pasándole la cuenta al Estado, “reformas” de este tipo son las que no deben implementarse, porque es un saqueo disimulado al erario nacional. Esto evidencia de que hay una falta de imaginación como para no darse cuenta que el problema de fondo es la baja tasa de aportación (AFP 10% – ONP 13%), revelando que el actual sistema previsional ya colapsó y está en una suerte de “UCI administrativa”, a la espera de una acertada medicación.
Toda reforma del sistema previsional debe asegurar la autonomía financiera de la institución que administre los aportes de los trabajadores, sin comprometer los recursos del Tesoro Público, que están para otras cosas y no para subsidiar pensiones, que debe ser auto sostenible; por lo tanto este concepto no tendría por qué formar parte de los costos laborales de las empresas, ni del Estado.
En las actuales circunstancias, pretender percibir una pensión razonable, es imposible. La solución pasa principalmente por: 1) Elevar la tasa de aportación arriba del 10% y 13%; por ejemplo los cesantes de la ley 20530 aportaban el 29%, aun así las pensiones también son bajas; 2) Crear una tercera opción (No AFP, no ONP), que funciones en el ámbito del sector privado, con la novedad de ofrecer doble beneficio a los trabajadores como aportante y como accionista; a) Como trabajador aportante, por la rentabilidad que generen sus aportes, y b) Como accionista (Empresario), convirtiéndose los aportes en acciones tan pronto ingresen a la ventanilla de la entidad recaudadora, percibiendo dividendos anualmente. Esta nueva propuesta solo beneficiará a los trabajadores activos, los jubilados de hoy seguirán tal cual en su mismo régimen, porque el tiempo les ganó y el sistema actual les desgració la vida.
La ley de creación, digamos del “Banco de los Trabajadores”, debe autorizar el Banco de la Nación, a abrirle una línea de crédito para ser utilizada como capital de trabajo, con la garantía de los futuros aportes, por el tiempo y monto a determinarse. Los trabajadores en su condición de accionistas no harán ningún aporte de capital. Este será un banco no tradicional que no necesitará de edificios para empezar a funcionar, porque no manejará dinero en efectivo, en razón de que el Banco de la Nación cumplirá el encargo de agente financiero. Tendrá oficinas de enlace en todas las capitales de provincia.
Poniéndole punto final al tema, diremos en los países donde han venido operando las AFPs, han terminado siendo un desastre. Los vaivenes del mercado financiero, la volatilidad del dólar causado por la inestabilidad política y el bajo porcentaje de los aportes, han complotado para destruir el sistema, especialmente en Chile, que es la cuna de la AFP. ¿Y ahora qué viene?, simplemente diseñar un sistema propio, made in Perú, tal como se plantea, con lo que quedara superado el problema de las bajas pensiones para los futuros jubilados. Con seguridad, de aquí en adelante, serán nuestros vecinos los que copien el modelo peruano.
(*) Contador Público Colegiado