Por: Víctor Andrés Ponce (*)
El modelo económico de las últimas tres décadas –que ha posibilitado triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia– tiene una falla estructural: el fracaso general del Estado en la redistribución de la riqueza que crean los privados y pagan al fisco a través de los impuestos. Las regiones apenas gastan el 60% de sus presupuestos de inversión, y cuando gastan lo hacen muy mal. Semejante situación determina, por ejemplo, que en las regiones mineras no haya agua, desagüe, electricidad, postas médicas ni buenas escuelas.
El fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza que crean los privados se desarrolla a todo nivel de gobierno, desde el central hasta los locales. Faltan carreteras, energía, puertos, hospitales, escuelas y conectividad digital. En infraestructuras, a nivel de la región el Perú solo supera a Venezuela. El país se ubica en el lugar 52 de un total de 63 países, según el Ranking de Competitividad Mundial 2020, elaborado por el Institute of Management Development (IMD) de Suiza, en asociación con Centrum PUCP.
En este contexto vale señalar lo siguiente: es imposible alcanzar el desarrollo, defender la Constitución y el Estado de derecho si el Perú no avanza en la solución de los problemas de infraestructuras. Así como se habla de simplificar las sobrerregulaciones del Estado, de reformar el sistema estatal y afirmar las instituciones para crear una infraestructura institucional y legal a favor del desarrollo y la libertad, igualmente, tenemos que hablar de resolver la infraestructura física del crecimiento. El Perú no puede seguir creciendo a tasas altas suficientes para reducir la pobreza si no se conecta físicamente, a nivel interno y a nivel mundial, y se solucionan los problemas de salud y educación.
Según un estudio elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), la brecha de infraestructura en el Perú para el periodo 2016- 2025 sumaba alrededor de US$ 160,000 millones. Los sectores de transporte y energía –según el señalado estudio– representaban US$ 57,499 millones y US$ 30,775 millones, respectivamente.
Si bien existen otros estudios –como el llamado Plan Nacional de Infraestructuras para la Competitividad, elaborado por el Estado en el 2019– que establece una brecha de infraestructuras de cerca de S/ 363,000 millones, es necesario señalar que el déficit y los objetivos disminuyen porque, como se dice, se baja la valla. Por ejemplo, no se considera la calidad del agua o la cantidad de horas de electricidad en los servicios.
De allí la pertinencia de seguir considerando el estudio de la Universidad del Pacífico y AFIN, que se proponía alcanzar metas similares a las de cualquier país desarrollado. En el señalado estudio se consideraba que para cerrar la brecha se necesitaba una inversión de 8.27% del PBI anual; es decir, alrededor de US$ 16,000 millones. Se calculaba que cerrar la brecha de infraestructura iba a permitir agregar 1.5% de crecimiento al PBI.
Sin embargo, como todos sabemos, ya estamos en el 2023 y casi nada se ha hecho para resolver los problemas de infraestructuras. Los retrasos se acumulan y el modelo económico y el sistema constitucional avanzan a un impasse que será difícil superar.
Es incuestionable que los problemas de corrupción han afectado las inversiones en este sector. Sin embargo, resulta evidente que el Perú necesita desarrollar todas las reformas legales posibles para perfeccionar los sistemas de inversión a través de las asociaciones público privadas y de obras por impuestos. La alianza entre el Estado y el sector privado –tal como sucede en los países desarrollados– es el único mecanismo que posibilita inversiones de calidad en infraestructuras y garantiza el mantenimiento de las obras.
Si bien en las siguientes semanas el Estado debe estar en condiciones de desarrollar un plan de obras de prevención de emergencias para enfrentar la próxima temporada de lluvias, es incuestionable que si no resolvemos esta falla estructural del modelo las corrientes antisistema avanzarán a enterrar las libertades y quebrar el Estado de derecho.