Por: Pamela Smith Castro (*)
Directora Ejecutiva de Sociedad y Discapacidad
Las personas con discapacidad se encuentran sobrerrepresentadas entre la población más pobre a nivel mundial (Banco Mundial, 2021), esa tendencia se confirma en el caso peruano. Un reciente estudio muestra que el 40,0% de la población con discapacidad experimentó pobreza multidimensional y es 14,2 puntos porcentuales más pobre que la población sin discapacidad (CONADIS, 2023). Existen diversas razones que explican esta enorme brecha; una de ellas, está relacionada con los bajos índices de escolaridad y las reducidas posibilidades de completar los ciclos de la educación básica.
La escuela es el espacio natural de encuentro y formación de cada ciudadano. Desde el paradigma de la Educación Inclusiva, es necesario remover las barreras del sistema educativo y adoptar medidas positivas para asegurar la participación, el desarrollo de capacidades y una convivencia en condiciones de igualdad de todos los estudiantes en su diversidad. No obstante, la niñez con discapacidad continúa siendo víctima de la discriminación y la vulneración de su derecho a la educación. Un obstáculo medular está relacionado con la privación de apoyos educativos idóneos en la escuela.
Para revertir la problemática en materia de apoyos, el Ministerio de Educación, acertadamente, aprobó en 2021, el D.S. N° 007-2021-MINEDU que crea un nuevo sistema de servicio de apoyo educativo. En 2022, el Plan Marco de Educación Inclusiva (R.M. N° 432-2022-MINEDU) trazó una ruta para la implementación este servicio dentro de las escuelas y a nivel de las Unidades de Gestión Local (UGEL). Lamentablemente, este mandato ha permanecido en el papel y pese a las propias metas trazadas por el sector: 300 instituciones educativas contarán con el servicio de apoyo para 2023 (MINEDU, 2022); a la fecha, no se ha conformado ningún servicio por falta de presupuesto.
Esta omisión frustra las oportunidades educativas de una población cuya participación en la escuela es una batalla diaria. Los apoyos cumplen un rol crucial en caminar hacia un sistema educativo que incluya efectivamente a todos y todas. Contribuye en evitar la deserción escolar y bien sabemos que, sin educación, las oportunidades de obtener un empleo y participar en sociedad se reducen dramáticamente.
Urge que el Ministerio de Educación destine presupuesto para implementar los servicios de apoyo que su propia normativa ordena. Es un requisito indispensable para evitar condenar a otra generación de niños y niñas con discapacidad a la pobreza y exclusión. Es un paso más para saldar una deuda histórica con el colectivo de personas con discapacidad en el Perú.
(*) Directora Ejecutiva de Sociedad y Discapacidad