POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA (*)
Los caviares e izquierda son literalmente como “el agua y el aceite”; es decir, intolerantes entre sí, aunque coinciden en defenestrar del cargo a doña Dina Boluarte y convocar elecciones generales, incluyendo al actual Parlamento. Ejemplo de esto es pretender mellar la imagen del Ejecutivo al insistir en la presunta -y negada- brutalidad de las fuerzas del orden durante las violentas protestas que dieron como saldo fatal 60 muertos y otros cientos de heridos. Adláteres como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado en contra del Estado peruano. Aunado a ello, el Ministerio Público ha reprogramado para el próximo 6 de junio citación a la Mandataria para que responda por los fallecidos. Lo sabíamos, aunque eso no es suficiente para obligarla a dejar el puesto. Conocen además que desde la vacancia de Pedro Castillo, en diciembre de 2022, van perdiendo fuerza; ergo, apego popular.
Entonces se presentó la oportunidad, preciada ocasión: La acusación constitucional contra Zoraida Ávalos. Acusada por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales con relación a las investigaciones contra el ilustre chotano, la Fiscal Suprema calificó de “linchamiento político” el actuar del Congreso, agregando que se trata de “…. un ataque a la autonomía e independencia del sistema de administración de justicia”. De inmediato, la Junta Nacional de Justicia salió en defensa de los intereses de la exfiscal de la Nación. A todas luces, evidente intromisión de funciones en contra del primer Poder del Estado.
A todo esto, ¿este pronunciamiento de la JNJ fue espontáneo o adrede?. Veamos. La primera en reaccionar fue la legisladora Patricia Chirinos denunciando a los miembros de la citada entidad por patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Al día siguiente, vía redes sociales, Mirtha Vásquez, exPremier del golpista Castillo Terrones, y caviar por naturaleza, escribió “Hemos vuelto a los ‘90. Así como en aquellos años destituyeron a los miembros del TC por oponerse a la reelección de Fujimori, hoy van por la Junta Nacional de Justicia”.
Al respecto, debemos recordar que la polémica JNJ tuvo su origen en las supuestas reformas constitucionales emprendidas por el entonces Jefe de Estado, Martín Vizcarra, llevadas a cabo en el referéndum del 9 de diciembre de 2018. En buen romance, su composición es CAVIAR.
Así, no es difícil deducir que en los próximos días empezará una campaña de victimización cuestionando que tanto el gobierno como el Congreso están atentando contra este inmaculado organismo constitucional, encontrando -como no- eco a nivel internacional en las mencionadas ONGs y la CIDH, así como en los Presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro.
Está claro, por tanto, que este polémico comunicado fue a propósito. No caigamos en el juego sucio de la caviarada, llegando al punto de destituir a los miembros de la JNJ. Probablemente se lo merezcan, aunque más relevancia tiene guardar siempre las formas democráticas en procura y provecho de nuestro Perú.
(*) Abogado.