Por: Víctor Andrés Ponce (*)
¿Qué puede estar sucediendo en el Congreso y en el Ejecutivo para que no exista la decisión política de restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360)? No existe un solo argumento que justifique mantener la derogatoria de la mencionada ley a la luz de los incuestionables resultados de la agroexportación nacional o, para repetir lo que se dice en el mundo, los resultados del milagro agroexportador peruano. Hasta Antonio Walker, ex ministro de Agricultura y presidente de la Sociedad Nacional Agraria de Chile, señala que el Perú ha comenzado a desplazar al país del sur en los mercados mundiales, no obstante que los sureños enseñaron a los peruanos las tecnologías agroexportadoras.
Chile ha logrado sumar más de US$ 18,000 millones en tres décadas de agroexportaciones. El Perú, en dos décadas, ha incrementado sus agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones. Es decir, el mismo ritmo de crecimiento de los envíos chilenos. En nuestro país en los últimos 20 años se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se creó más de un millón de empleos, entre directos e indirectos. Por otro lado, en las regiones agroexportadoras la pobreza descendió, ubicándose muy por debajo de la media nacional.
Una de las claves del éxito de las agroexportaciones reside en el Estado de derecho que se construyó alrededor de la Constitución, los 22 tratados de libre comercio firmados por el país y la ley de Promoción Agraria (Ley 27360). No obstante, la Ley 27360 fue derogada durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción provisional del Congreso de Mirtha Vásquez. A nuestro entender se derogó absurdamente, sin ninguna justificación, la mejor ley económica de nuestra historia, porque unas decenas de extremistas bloquearon la carretera Panamericana Sur.
La ley derogada permitía un régimen tributario especial de 15% por impuesto a la renta y otros beneficios, con el objeto de atraer inversiones a proyectos de mediano y largo plazo, sobre todo en infraestructuras hidráulicas. De esta manera se logró captar más de US$ 20,000 millones en inversiones y promover una reinversión sin precedentes en la historia económica nacional. Por otro lado, el incremento de las exportaciones en más de 1000%, obviamente, multiplicó la masa imponible y la recaudación tributaria del Estado.
Además, la ley derogada establecía un régimen de flexibilidad laboral en los contratos que posibilitó incrementar el empleo formal en el agro de 460,000 en el 2004 –entre directos e indirectos– a más de un millón. La flexibilidad laboral permitía contratar de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha. Algunas empresas llegan a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores formales por campaña; es decir, miles de trabajadores con derechos sociales y laborales reconocidos.
Uno de los grandes problemas de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria es que ha bloqueado cualquier posibilidad de formalizar a los más de dos millones de parceleros en el país. Una de las campañas más desleales en contra de la Ley de Promoción Agraria de parte de las corrientes comunistas y progresistas señalaba que la derogada ley solo beneficiaba a las grandes exportadoras. Una mentira de principio a fin. Se trataba de una norma para todo el sector agrario sin exclusiones.
Al respecto, vale recordar que las agroexportaciones se desarrollan en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura. El 95% restante es conducido por más de dos millones de parceleros, cada uno con menos de cinco hectáreas. Más allá de los problemas de propiedad y de infraestructuras de los parceleros, ¿cómo se puede pensar la formalización de estas pequeñas unidades agrarias al margen de los criterios promocionales de la derogada ley de Promoción Agraria? Imposible.
(*) Director de El Montonero (*)