Por: Eiffel Ramírez Avilés (*)
Existe una trampa en el discurso público actual que es legítimo denunciar ahora. Y la trampa es el abuso del principio de presunción de inocencia. Este señala que no se puede asumir la responsabilidad delictiva de alguien, mientras no haya una sentencia judicial de por medio. Bajo esa regla, muchos (sobre todo, nuestros políticos y periodistas) defienden que mientras la Fiscalía o el Poder Judicial no señalen a los responsables de las muertes de los peruanos durante las protestas sociales de los últimos meses, no se puede tener nada claro sobre este tema o, lo que es más malicioso, no se puede discutir sobre este tema.
Pero eso es precisamente malear el principio de presunción de inocencia. Es cierto que nadie puede ser señalado por un delito, en tanto un juez no haya demostrado su culpabilidad. Sin embargo, el principio no puede servir para amordazar las versiones que ya se tienen sobre dichas muertes. Si, desde una razonable evaluación de los hechos, postulamos que tanto los representantes del Gobierno como los militares son los auténticos responsables, este razonamiento es válido en su pleno sentido. En resumen, no se puede obligarnos a esperar a que un juez –de aquí a unos años– establezca quién es el que gatilló los fusiles y los que lo ordenaron, para recién efectuar el derecho a la crítica, que es propio de una verdadera democracia.
Entonces nuestra principal –y legítima– acusación es contra los agentes del gobierno y los efectivos militares actuales. En cuanto a los primeros, se puede aseverar lo siguiente: puesto que, en una democracia, los actos militares dependen de los actos políticos (y, por ende, el mando militar está necesariamente sujeto al mando político), nuestra mandataria, suprema jefa política, es insalvable, diga lo que quiera. En todo caso, ella ya viene pagando los costos de sus actos: nuestra presidenta está muerta electoralmente y como lideresa a futuro. ¿Moverán un dedo por ella cuando deje el sillón de Palacio?
Pero el asunto de los militares es de otro folio. El Ejército peruano tiene una costumbre de golpismo y de violación de derechos humanos. Un libro de historia básica puede dar cuenta fácilmente de lo primero. Respecto a lo segundo, en la guerra contra Sendero Luminoso, los militares demostraron dos cosas: ineptitud y terror. Inútiles para saber cómo enfrentar una guerra antisubversiva, perdieron la cabeza y barrieron con la vida de muchos civiles. Los comandos político militares destacados a Ayacucho en la década de los ochenta, en la práctica asesinaron a decenas de personas no terroristas.
En ese mismo sentido, que los militares hayan sido designados para brindar protección y seguridad, pero que, al final, decidan apuntar a los ciudadanos, es la mayor aberración jurídica y ética. No sé si nuestro Ejército esté preparado para una guerra externa, quizá no lo esté para una guerra interna, empero, con mucha seguridad, pienso que no es el competente para aplacar una protesta.
A viva voz pido enfrentar, pues, la llamada “hora de la espada”, propia de los regímenes autoritarios (y el de Dina Boluarte es uno de ellos). Pido que los militares vuelvan a sus cuartelitos y se dediquen, por ahora, a solo izar banderas y a lavar platos. ¿Es un castigo? Si es eso, es poco. Y por último, es inútil solicitar un mea culpa a tozudos generales. Frente a estos, no pido nada, solo que la paloma de la paz, que seguramente vuela en lo alto del cielo, arroje su estiércol sobre sus limpísimas guerreras.
(*) Mg. en Filosofía
por la UNMSM