Editorial

FALSIFICACIÓN JURADA

Afición favorita de nuestros políticos:

Al menos en el terreno de la política, Ancash siempre hace noticia…aunque no de las buenas. No solamente lo hizo  el ex gobernador regional Enrique Vargas Barrenechea,  a quien se le probó haber falsificado un certificado de estudios como cheff,  argucia que le valió ser vacado del cargo para luego terminar en la cárcel.

Hace dos días, el Congreso de la República acaba de comprobar, y demostrar en todos sus extremos, que la ex congresista por Ancash Yesenia Ponce  Villarreal, también ha incurrido en la  misma viveza. Por esa razón, al menos por ahora, ha sido inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Electoral Especial de  Huaraz, la ex parlamentaria no tuvo ningún escrúpulo en adjuntar a su declaración jurada, certificados de estudios de secundaria grotescamente  falsificados.

Que el mal ejemplo es lo que más prospera,  también viene de parte del ex alcalde de Nepeña, Pedro Carranza López, quien, no entendemos por qué,  ha falseado su declaración jurada con relación a sus estudios de nivel primario.

Lógicamente, ninguna de esas bochornosas artimañas  han tenido porque producirse si es que las autoridades electorales  hubieran aplicado  en su debido momento  los filtros que el reglamento de elecciones ha puesto a su disposición. Una oportuna revisión de la hoja de vida de los candidatos y una minuciosa verificación de los documentos que la sustentan, es más que suficiente para advertir esta treta  y evitar de paso el triste espectáculo que ofrece la clase política ancashina ante el escenario de la política nacional.  A propósito, vale la pena señalar que no solamente se trata de estudios académicos jamás realizados, sino también de sentencias judiciales deliberadamente omitidas.

A  este respecto, no está de más recordar algo muy elemental. Para postular a un cargo político, ya sea de congresista, gobernador o alcalde, nuestra ley electoral  no exige, ni siquiera remotamente, acreditar  un determinado nivel de estudio o grado académico. De acuerdo con el espíritu de las leyes, es de entender que, por encima de esas exigencias, para la norma electoral es más importante los valores de la honestidad, el decoro y buenas costumbres; algo que, dicho sea de paso, es irreconciliable en los fueros de nuestra clase política regional. Es como querer mezclar el agua con el aceite.

A partir de los últimos veinte años, hemos visto, con inevitable vergüenza ajena, cómo varios ex gobernadores y ex alcaldes de la región Ancash, con título o sin título, igual han ido a sentarse en el banquillo de los acusados para luego ser conducidos a la cárcel. No es entonces el nivel académico la gota de agua que inclina la balanza, ya sea a favor o en contra de un congresista, un gobernador regional o un alcalde.  Lo que cuenta es el nivel de honestidad con el que se asume y con el cual se desempeña un cargo público.

Lamentablemente, es la falta de honestidad la lacra que, salvo honrosas excepciones, predomina en el ánimo de la clase política regional. El hecho que la falsificación de documentos se haya convertido en la afición favorita de ciertos políticos, dice mucho de todos los errores que, después de cada proceso electoral, los termina pagando el electorado.