Por: FERNANDO VALDIVIA CORREA (*)
El último jueves, el Pleno del Congreso decidió por amplia mayoría (71 votos) acusar constitucionalmente a Zoraida Ávalos Rivera, en su condición de exfiscal de la Nación, por la presunta comisión del delito de omisión, y otros, inhabilitándola del ejercicio de la función pública por 5 años. Con esta soberana decisión, la señora Ávalos Rivera, recientemente ratificada por la Junta Nacional de Justicia, dejará de ser Fiscal Supremo.
A fines de diciembre de 2021, la legisladora Patricia Chirinos la denunció por no abrir investigación al entonces Presidente Pedro Castillo Terrones, a pesar de los varios indicios de corrupción en su contra. En marzo del año siguiente, su colega Gladys Echaíz se adhirió a la denuncia.
Días antes de la votación, la extitular del Ministerio Público se paseó por diversos medios de comunicación afines, no solo para defenderse, sino además para despotricar contra ciertos personajes públicos. Le tocó a la actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declarando que a través de su entorno ofreció a Congresistas (sin dar un solo nombre) archivar sus casos a cambio de defenestrarla. Y, a través de las redes, sociales manifestó que la señora Gladys Echaíz, cuando ocupó el mismo puesto, nunca acusó al entonces mandatario Alán García Pérez.
Un hecho que no llamó la atención fue el apoyo recibido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sorprendió pues es harto conocida su opinión ideologizada en contra del Perú; amén de su afán desmedido de proteccionismo a los intereses caviares; sin embargo, esa “ayuda” fue nefasta para ella, toda vez que lejos de favorecerla terminó literalmente por “sepultarla”.
Producido el desenlace, de inmediato las “viudas”, y que son varias, salieron a protestar airadamente aduciendo que se trató de un atentado a la democracia. Hasta el mitómano Martín Vizcarra Cornejo indicó que “el Parlamento ha trasgredido el equilibrio de poderes y está buscando tomar por asalto las instituciones del país”. Sinvergüenza después de haber cerrado inconstitucionalmente este Poder del Estado en septiembre de 2019. Y lo más jocoso (no puede entenderse de otra forma) fue el pedido de algunos Jueces Supremos para que su Presidente convoque a Sala Plena para un pronunciamiento. Insisto, son graciosos.
Pero lo cierto es que no solo fue el blindaje a Castillo Terrones lo que hizo que la destituyeran. También su permisibilidad hacia la corrupta gestión de Vizcarra Cornejo, al punto que supuestamente el mitómano exgobernante se expresó acerca del perfume que usaba. Además, permitió groseramente la filtración de documentación reservada con el único fin de atacar a opositores a ese nefasto régimen, así como su complacencia con el vil comportamiento de los “héroes sin capa” José Domingo Pérez y Rafael Vela. Adicionalmente, por no haber defendido la institucionalidad al permitir que cierto sector de la prensa palaciega inventase una historia para desprestigiar y luego sacar del cargo a Pedro Chávarry. En resumen, se le imputó haber permitido todo aquello que debió prohibir.
En conclusión, Zoraida no se fue, la botaron, y sienta un buen precedente en el país. Nadie, absolutamente nadie, está exento de control, y el Parlamento, nuestro Congreso de la República así lo ha demostrado. En buena cuenta, para la señora Ávalos Rivera su perfume se quedó sin fragancia.
(*) Abogado