En el 2022 se gastó en el país aproximadamente S/ 27 mil millones en contrataciones de bienes, servicios y/o obras bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), lo que equivale el 47% del total de S/ 57 500 millones de gasto público realizado en dicho período, mientras que el 32% (S/ 18 580 millones) se gastó en contrataciones sin proceso, ya que son compras cuyo valor es menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), informó hoy el contralor general, Nelson Shack, durante su participación en la mesa de trabajo de análisis de aportes y recomendaciones al proyecto de Ley 5472, que plantea una la nueva Ley de Contrataciones del Estado, organizado por el Congreso de la República.
“El año pasado, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, se gastaron S/ 18 580 millones en compras menores a 8 UIT, en consecuencia es una contratación a dedo. No hay competencia, no hay pluralidad y hay poca transparencia, todos sabemos cómo funciona esta modalidad en el Estado, todo es una farsa que cumple con la normatividad”, refirió.
En ese sentido, enfatizó que si las autoridades peruanas desean procurar que haya un solo sistema de contrataciones públicas, entonces se debe reunir lo mejor de otros mecanismos especiales para tener una misma ley sea aplicable a todos los casos en general.
Principales problemáticas
El titular de la Contraloría manifestó que, en términos generales, existen cinco grandes problemáticas en el gasto realizado en contrataciones públicas, de los cuales la primera es la excesiva cantidad de normas de contratación, por lo que se necesita un sistema más simple basado en una sola normativa y que sea más estandarizado. La segunda problemática es el “débil proceso” de programación y planificación, lo que genera que no haya una idea clara de lo que se va a contratar en el Estado.
En tercer lugar, está la problemática de las contrataciones sin proceso, lo que genera problemas de falta transparencia, competencia y pluralidad de postores. “Hay una enorme cantidad de gasto que se va en contrataciones sin proceso, es decir las que son menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, acotó.
La cuarta problemática es la poca cantidad de proveedores con experiencia en contrataciones públicas y eso origina que las contrataciones se hagan con precios muy caros, ya que no hay una competencia real de postores e inclusive hay casos de tres postores que pueden pertenecer a un mismo dueño. La quinta problemática se debe a las debilidades en los procedimientos de selección y deficiente administración de los contratos.