Si nos remitimos a la lógica de las palabras que pronunció en un video colgado en las redes sociales, para el ex alcalde de la ciudad, Roberto Briceño Franco, la obra de la avenida Costanera, por muy paralizada que se encuentre y cayéndose a pedazos, lo cierto es que ésta aún no ha sido oficialmente entregada ni recepcionada; por consiguiente es una obra que se encuentra en plena ejecución. Es más, de acuerdo con su propio razonamiento, si los muros y las veredas de la avenida Costanera continúan colapsando, eso ya no es culpa de Briceño ni del contratista de la obra, sino de la actual gestión municipal. Así de increíble.
Luego de visualizar y escuchar detenidamente el contenido del video en mención, el Diario de Chimbote se lanzó a la búsqueda de la verdad y, en ese empeño, logró obtener una verdadera primicia. El almacén de la empresa contratista, Consorcio Costanera I, ubicado en la urbanización El Trapecio, donde se supone deberían encontrarse la maquinaria y los materiales de construcción, es un descampado que venía siendo utilizado como criadero de patos, gallinas y otros animales de corral.
Sin necesidad de acudir a mayores elementos de juicio, eso significa que, para la empresa contratista, la obra está simple y llanamente abandonada y por tanto su continuidad es lo que menos interesa. Ni siquiera existe el temor de una denuncia o una intervención por parte de la municipalidad provincial o del Ministerio Público. Todo parece indicar que las leyes no están del lado de las obras públicas abandonadas y menos de la población afectada.
Pero es del caso señalar que todas las causales de este gran problema, lo mismo que sus respectivas consecuencias, ya se veían venir desde mucho atrás, incluso antes que se coloque la primera piedra. En ninguno de sus ítems, el expediente técnico menciona la necesidad de colocar un enrocado y cimientos apropiados; todo ello a pesar que la obra se encuentra a la orilla del mar, expuesta a una humedad insistente y permanente.
Éstos y otros detalles de injerencia técnica, básicos e imprescindibles, solo se conocieron después de haberse otorgado la buena pro y el adelanto respectivo, es decir cuando la obra ya estaba en plena ejecución. Hasta donde los periodistas hemos podido averiguar, antes de presentarse a la licitación y de firmar el contrato de obra, todo contratista está en la obligación de leer cuidadosamente el expediente técnico, y de advertir, en esta caso a la municipalidad provincial, acerca de cualquier vacío o incongruencia de orden técnico y estructural. Para eso, se supone, cuenta con ingenieros y asesores especialistas en la obra adjudicada.
Pero no solamente es el caso de La Costanera. La obra del complejo deportivo San Juan también está paralizada debido a la caída de las estructuras de fierro que iban a servir como soporte del techo de las tribunas. El expediente técnico de esta obra no menciona para nada que estas estructuras deben ir empotradas, a una profundidad de por lo menos 60 centímetros, y no solamente encementadas a ras del piso.
Ni qué decir de lo que sucede con la obra del hospital El Progreso, que se mantiene paralizada por segunda vez consecutiva. Según el primer contratista, el expediente técnico no había considerado la colocación de aisladores sísmicos y, de acuerdo con lo manifestado por el segundo contratista, los cimientos de concreto no garantizan una buena calidad. Ambas observaciones, sin embargo, fueron hechas después y no antes de firmar el contrato y recibir el adelanto de obra.
En lo que ya es algo de nunca acabar, la misma situación se repite en el caso del hospital de San Jacinto y, por supuesto, en muchas otras obras municipales, que ya resultaría ocioso volver a repetir.
Para colmo, el congresista Hernando Guerra García, de las filas de Fuerzo Popular, ha presentado un proyecto de ley para impedir que las municipalidades y otros organismos del estado, demanden penalmente a los malos contratistas. Quiere decir entonces que esta clamorosa falta de cultura empresarial, ahora estará política y legalmente protegida. Pobre Perú.