Detectó Contraloría
Cuatro funcionarios del Gobierno Regional de Ancash están implicados en asuntos de presunta irregularidad por haber incurrido en retraso en el trámite, emisión y notificación de la resolución de aprobación del adicional en la obra referida a la protección en riberas del río Lacramarca del distrito de Chimbote, desde enero del 2020 a julio del 2022, tras el informe dado a conocer por la Contraloría General de la República.
Según el Informe de Control Específico N° 025-2023-2-5332-SCE, para la obra “Creación del servicio de protección en riberas del río Lacramarca vulnerable ante el peligro en el sector curva El Milagro”, estos funcionarios del GORE Ancash, además del retraso en el trámite del adicional de obra, dieron conformidad a la ampliación del plazo N° 3, generando un perjuicio económico por S/. 50,698.15 soles en pagos de mayores gastos generales y variables.
Dicho documento señaló que, la materia de control específico está relacionada a la ampliación del plazo N° 3 de dicha obra, vinculada a la N° 1, situación que generó una ampliación por 20 días calendario y el pago de mayores gastos generales por S/. 21,584.56 soles. Posteriormente, el consorcio ejecutor de la obra solicitó la ampliación de plazo por 47 días calendario, justificando que era el Gobierno regional, quienes tardaban en la aprobación del adicional de la obra, por lo que finalmente, ampliaron el plazo N° 03 por 47 días calendario, que incluía 27 días calendarios no computables, generando gastos por S/. 29,113.59 soles.
En ese sentido, se dio a conocer que la ejecución de la obra inició el 04 de marzo del 2020; sin embargo, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz; gerente regional de Infraestructura y Carlos Andrés Palacios Meza; subgerente de supervisión y Liquidación de obras del Gobierno regional, Edwar Ivan Bardales Loyaga; representante común, Isaac Eloy Julca Jáuregui; residente de obra por parte del consorcio ejecutor y Edwin Mesías Barahona Llanos; junto a Héctor Paúl Arteaga Asalde; jefe de supervisión del consorcio paralizaron la obra en tres ocasiones por un total de 37 días, pero, la Entidad (GORE Ancash) no se pronunciaba sobre la solicitud del adicional, cuando se había programado el inicio de la obra para el 30 de julio del mismo año.
Sumado a ello, fue Arteaga Asalde, jefe de supervisión quien ratificó la necesidad de generar el adicional de la obra y fue el Consorcio Lacramarca, quien presentó el expediente técnico al Gobierno Regional. Tras ello, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de obras; Edwin Joel Pajuelo Cruz, la persona que recibió en dos oportunidades el expediente de solicitud del adicional para luego ser derivado al especialista de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de obra, Elvin Erasmo Calonge Angulo en agosto del 2020. Esa fue la causal en la demora de 20 días calendario por la tramitación y aprobación del adicional, por lo que el Consorcio Lacramarca no ejecutó los trabajos del adicional, afectando la ruta crítica y generando el perjuicio económico por S/. 21,584.56 soles.
Por otro lado, con respecto al perjuicio económico por S/. 29,113.59 soles, se advierte que Osmán Menacho Bernal; residente de obra, emitió el informe técnico de la ampliación del plazo N° 03 en setiembre del 2022, para luego ser remitido de Edwar Iván Bardales Loyaga; representante común del Consorcio Lacramarca a Edwin Medías Bardales Llanos, representante común del Consorcio Supervisor Lacramarca. Posteriormente, Rogelio Castañeda Gamboa; Jefe de supervisión emitió a Bardales Loyaga dar por aprobada la ampliación del plazo por 47 días calendario, pese a que el residente de obra ya había solicitado efectuar un adicional en julio del 2020; y Julca Jáuregui junto a Bardales Loyaga acordaron con el consorcio supervisor y el Gobierno Regional paralizar la obra.
De esa forma, las personas implicadas en los hechos, son Gary Antonio Marroquín Mendoza; Secretario general del Gobierno Regional (mayo 2020 – enero 2021), por haber demorado 19 días calendario en la tramitación, emisión y notificación de la Resolución. Pedro Miguel Velezmoro Sáenz; Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Áncash (octubre 2019 – noviembre 2020), por haber tramitado carta, informe y memorándum que contenían el expediente de ampliación del plazo N° 03, sin observar que se había calculado 27 días calendario, los cuales no corresponden a la demora de la Entidad en la aprobación del adicional.
También, Edwin Pajuelo Cruz; Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Ancash (julio 2020 – enero 2021), por no haber controlado y supervisado el cumplimiento del plazo de doce días hábiles para tramitar, emitir y notificar al contratista ejecutor de la obra sobre la resolución de pronunciamiento con respecto a la ejecución de la prestación adicional de la obra. Y, Elvin Erasmo Calonge Angulo; Especialista Profesional 3 de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Ancash (octubre 2019 – diciembre 2020), por emitir el informe en el que declara procedente la ampliación de obra por 47 días calendario, recomendando la aprobación de la ampliación del plazo N° 03.
Todos los hechos expuestos han sido evaluados y se le dio a conocer al titular del Gobierno Regional de Ancash sobre los actos irregulares de tales funcionarios y efectúe el deslinde de sus responsabilidades. Asimismo, el Procurador Público de la Contraloría General de la República tendrá que iniciar acciones civiles en contra de ellos