Retiraron los equipos para verificarlos, pero nunca los devolvieron:
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de dos años de prisión suspendida impuesta a la gerenta de una empresa que vendió un lote de equipos tecnológicos a la Universidad Nacional del Santa.
Estos equipos fueron devueltos para su reparación, pero nunca regresaron a la universidad. Luz Rosalía Cano Méndez (47), quien fue declarada culpable de apropiación ilícita, deberá cumplir con el pago de 125,759 soles y una reparación civil de 3,000 soles.
El Ministerio Público acusó a Cano Méndez de apropiarse de 33 dispositivos, incluyendo sensores de alto voltaje, sensores de temperatura, sensores de corriente de -10 a +10 amperios, sensores de nitrato, sensores clorhídricos, sensores de calcio, amonio, interfaces Datalogger con pantalla LCD, sensor de pH y sensor termocupla de -200 a 1400 °C.
La empresa Fasacorp Contratistas Generales recibió la adjudicación de la compra de este lote de equipos el 12 de julio de 2012, por parte de la UNS.
En abril de 2013, poco después de haber sido entregados, los equipos comenzaron a presentar fallas, por lo que se solicitó a Fasacorp que los reemplazara. Los equipos fueron recogidos el 7 de mayo de ese mismo año.
Sin embargo, cuatro años después, en marzo y octubre de 2017, la universidad envió cartas notariales exigiendo la devolución de los dispositivos sin recibir respuesta alguna. Por esta razón, la gerenta fue denunciada por apropiación ilícita.
Durante el juicio ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la CSJSA, la empresaria afirmó no saber qué había sucedido con los equipos recogidos y declaró que la responsabilidad recaía en su exesposo y padre de sus hijos, Jorge Luis Zavaleta Calua.
A pesar de su argumento, fue condenada a dos años de prisión suspendida, al pago fraccionado de 125,759 soles y a una reparación civil de 3,000 soles.
Cano Méndez presentó un recurso de apelación argumentando que, a pesar de ser la gerente de Fasacorp, era su esposo quien se encargaba de la gestión de la empresa. Negó haber tenido conocimiento de que los equipos nunca fueron devueltos a la UNS.
Sin embargo, los argumentos de la condenada no fueron suficientes para convencer a los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, quienes declararon infundado su pedido.