Informó Jeff Cárdenas:
En una extensa charla con periodistas, el gerente del Proyecto Especial Chinecas, Jeff Cárdenas Concha, anunció que pondrá su cargo a disposición, renunciará; después de los cuestionamientos del gobernador regional Koki Noriega, en la Asamblea Agraria de Cascajal, pero, además, proporcionó mucha información sobre el proyecto mismo y la invasión de tierras, confirmando que se han recuperado más de 3,200 hectáreas, pero faltan recuperar más de 1,200 y entre ellas se encuentra 400 que ocupan ilegalmente Agroindustrias San Jacinto.
Cárdenas Concha es un profesional de carrera al interior del Proyecto Especial Chinecas, pues cuenta con 17 años trabajando ahí y fue nombrado gerente por encargo del Consejo Directivo en mayo del 2021. Desde ese momento, han sucedido muchas cosas, pero él se muestra, según sus palabras, tranquilo porque habla con documentos para justificar todas sus acciones y solucionar todos los problemas, específicamente en el saneamiento de las tierras, que es el problema mayúsculo. También habló sobre el tema que fue materia de sustento para que el gobernador haya propuesto su salida, como es ese puente de una concesión minera(ver nota a parte).
Manifestó que cuando él llega a la gerencia, pide un inventario de todas las áreas invadidas, tanto en el aspecto minero, urbano y agrícola; porque se tenía que mapear toda el área y comenzó a trabajar con un grupo pequeño que iba señalando las áreas donde se hacía explotación minera y donde las anteriores gestiones no habían actuado, menos tampoco habían actuado en el tema urbano y agrícola.
Explicó que, se hizo coordinaciones con la Procuraduría del gobierno regional para que tomen acciones, y, señalando a los periodistas, afirmó que, todo esto se puede demostrar porque está registrado, como lo recuperado en Tortugas.
Con la Procuraduría se ha recuperado 1,500 hectáreas y como Chinecas, se recuperó 1,700 de ellas. Para que esas tierras recuperadas no vuelvan a ser invadidas, se tiene que hacer un saneamiento físico legal, se debe independizarlas para posteriormente subastarlas. No existe otra forma para que este proyecto tenga viabilidad, porque si no lo subastamos, independizándolas, se vuelve un círculo vicioso, porque pueden ser invadidas, nuevamente.
En ese momento mostró un voluminoso expediente, pues remarcaba en todo momento que él hablaba con documentos, que han sido proporcionados a la Procuraduría del gobierno regional. Ellos tienen un procurador que hace la recuperación extrajudicial y él tiene todos los reportes de las áreas invadidas del proyecto; tanto urbano, minero y agrícola. Las funciones del gobierno regional es hacerlos suyo, realizar visitas de campo, coordinar con la policía y pedir apoyo logístico para recuperar esas áreas. De todo este expediente que les muestro, solo algunos han sido tomados en acción, pero los otros han sido olvidados, a pesar que hemos reiterado en varias oportunidades recuperar esos terrenos. No hubo más respuesta por parte de ellos (Procurador del gobierno regional).
También manifestó que, la información que él tiene del proyecto, se ha sustentado en los diferentes directorios, el estado situacional, porque en el directorio son ellos los fiscalizadores. Ellos hacen un seguimiento y control; y todas las actividades se deben cumplir al pie de la letra. Todo está plasmado en las actas del directorio y toda la información respecto a las tierras, han sido derivadas al gobierno regional, a la oficina de la procuraduría; ellos tienen todo el detalle.
También puntualizó que en su gestión se recuperó el tema minero, pues él personalmente se acercó a la fiscal del medio ambiente y ella tomando la información como suya, coordinó con la policía especializada e intervino, incluso hay personas que fueron apresadas. Con los invasores se tiene que tomar acciones legales que deben sancionarse, porque si no se sancionan, todo va a continuar igual. Es decir, se tiene que recuperar las tierras y debe de haber sanción para los invasores.
Luego, agregó que, desde el 2019, se tiene mapeado las áreas que ocupa Agroindustria San Jacinto, que son aproximadamente 400 hectáreas invadidas. Esto ha sido reportado a la procuraduría del gobierno regional, también a la fiscalía de Nepeña; incluso el congresista Elías Varas también realizó una denuncia. Lamentablemente, en la fiscalía de Nepeña, el caso fue inicialmente archivado, pero nosotros hemos retornado para aperturar la investigación.
En otro momento de la conferencia, y ante preguntas de los periodistas, respondió específicamente al tema de la formalización de las tierras que están siendo sembradas y contó que cuando asumió al cargo, se comenzó a empapar sobre el tema y que existen dos mecanismos para la adjudicación de tierras como es: la subasta y los beneficiarios; los cuales están bajo tres leyes: la N° 26505, N°27887 y la N° 28042 del año 2001. Habiendo tres instrumentos, no se utilizaba ninguno y se empezó por la N° 26505.
Señaló que se empezó por esa ley (N° 26505), porque lo conforma un comité, miembros funcionarios del proyecto Chinecas. Bajo este instrumento había once o diez usuarios, casi el 70% estaban formalizados. Los usuarios tienen que demostrar sus expedientes técnicos, hay una serie de requisitos que deben cumplir y también hay una responsabilidad del comité para recopilar esa información y otorgarles su contrato de compra y venta.
Con respecto a la Ley N° 28042, se habla de 10 mil hectáreas y 2 mil agricultores; y solo se pudo hacer inspecciones oculares a 815 hectáreas. El comité formado no avanzó más, tenía que haber una resolución del ministerio de agricultura y el 27 de setiembre pasado, nos dieron 300 días para las inspecciones oculares, pero tenía que haber un representante por parte del ministerio y esa información la enviaron al gobierno regional en febrero, y nosotros nos enteramos en abril; solicitamos al gobierno regional, pero hasta hoy no obtenemos respuesta.
Asimismo, manifestó que el proyecto contrató una consultoría para elaborar el Manual de Operación de Funciones, pero resulta que este tiene que ser aprobado por el gobierno regional a través de unas ordenanzas. Mostró el documento, e incluso con las fechas de envío, pero hasta el momento, no han obtenido respuesta alguna. Este documento necesita ser actualizado.
Finalmente, confirmó que el mejoramiento del canal tiene código de inversión con viabilidad aprobada por S/. 400 millones de soles, pero en la actualidad, no se ha ejecutado nada.