En enero del presente año, la nueva gestión regional encabezada por el gobernador Fabián Koki Noriega Brito, ya tenía pleno conocimiento de las observaciones hechas por la Contraloría General de la República con relación a la obra de pistas y veredas de la urbanización Las Casuarinas de nuevo Chimbote. Éste es un proyecto que la gestión del ex gobernador Henry Boja Cruzado inició en diciembre del año pasado, a pocos días de finalizar su mandato. Las observaciones de la Contraloría se refieren a la calidad del material utilizado y otras deficiencias de orden técnico.
De haber optado por lo correcto, la gestión del gobernador Koki Noriega pudo haber paralizado la obra a comienzos de enero y cortar por lo sano, antes que la sangre llegue al río. Pero está claro que no ha querido hacerlo. Ha preferido emplear una estrategia que ya es ampliamente conocida en estos avatares y que es la misma por la cual muchas obras se encuentran paralizadas.
Desde el mes de mayo, el gobierno regional no ha cumplido con pagar al contratista las respectivas valorizaciones, obligándolo a que sea él, y no el gobierno regional, quien se vea obligado a la paralizar la obra por falta de pago. En efecto, la pita se rompe por la parte más débil. Deportivamente, esto equivale a provocar el penal y, encima, hacerse la víctima.
Y como quien arroja más leña a la hoguera, la vice gobernadora regional ha anunciado, con bombos y platillos, el arribo a Chimbote de una delegación de la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo de la ciudad Huaraz, para que, supuestamente, realice una evaluación de las supuestas deficiencias observadas por la Contraloría. Perfecto.
Sin embargo, este anuncio no ha sido del todo bien recibido por la ciudadanía. Pues aquí en Nuevo Chimbote, existen hasta tres universidades, con las carreras de ingeniería civil y arquitectura, que bien pudieron ser convocadas para realizar esta evaluación. Por algo son de la zona y conocen la realidad del medio. Eso además, le habría ahorrado al gobierno regional un gasto innecesario de pasajes, alimentación y alojamiento. Bueno, salvo mejor parecer.
Pero como suele suceder cada vez que una unidad ejecutora y la empresa contratista provocan la paralización de una obra, en el fondo ninguna de las dos partes pierde. Si hay que aumentar el presupuesto o convocar una nueva licitación, la unidad ejecutora acude al erario nacional. Y si hay que ejecutar alguna enmendadura, el contratista pide un adicional. Ninguno de los dos pierde. Quien pierde es la población, ya que tendrá que esperar más del tiempo programado para que se concluya la obra.
Esto confirma lo que en más de una oportunidad hemos sostenido en este mismo espacio de opinión. El gobierno regional de Ancash ha perdido por completo la visión. Su labor no es ejecutar obras vecinales que, según sea el caso, corresponde a las municipalidades provinciales y distritales. Eso es invadir atribuciones ajenas y duplicar esfuerzos, con los resultados nefastos que ahora todos estamos observando. Los gobiernos regionales han sido creados para emprender proyectos de mayor envergadura, que generen desarrollo sostenido.
La incapacidad de gestionar con acierto la ejecución de Chinecas, la modernización del Terminal Portuario y recientemente la construcción del hospital Ramos Guardia de Huaraz, es más que suficiente para admitir que el gobierno regional de Ancash está acorralado en su propio laberinto.