Casos Politécnico y El Progreso, así lo demuestran:
Solo en el caso de Chimbote, el gobierno regional de Ancash y el gobierno central han puesto en clara evidencia que, aquella tesis según la cual el estado es un mal administrador, en realidad es una verdad indiscutible; es decir un hecho innegable en toda su extensión y significación. Los casos del Politécnico Nacional del Santa y del hospital El Progreso, paralizados ambos desde hace más de dos años, son parte de esta ignominiosa realidad. Veamos por qué.
El 16 de noviembre del 2021, la Sub Región Pacífico del Gobierno Regional de Ancash contrató los servicios de la empresa consultora Consorcio Politécnico, para la elaboración del expediente técnico del nuevo local de este emblemático plantel. El monto fijado fue de S/845,607.00 soles, en tanto que el plazo para la entrega del expediente fue de 90 días calendario, que se cumplió el 16 de marzo del 2022. Para ese entonces, el Programa Nacional de Inversiones en Educación, PRONIED, tenía todo preparado para lanzar la licitación de la obra a más tardar en noviembre, con un presupuesto de en S/37´983,023 soles.
Fue a raíz de este anuncio que el local del Politécnico Nacional del Santa empezó a recibir la visita de ministros de estado, congresistas y altos funcionarios del gobierno central y regional, quienes, muy sonrientes, posaban para las cámaras. Simultáneamente, la hermosa maqueta del nuevo local educativo, empezó a circular y cautivar a propios y extraños a través de las redes sociales. En aquellos días, todo era felicidad.
Sin embargo, como ya es historia conocida, vencido el plazo para la entrega del expediente, la empresa consultora no cumplió con lo acordado y para colmo optó por refugiarse en el más absoluto silencio, sin brindar ninguna explicación; cosa que hicieron los funcionarios del gobierno regional. De nada sirvieron las marchas de protesta que realizaron alumnos, profesores y padres de familia. Con más de 60 años de antigüedad, el viejo local escolar ya había empezado a caerse por pedazos, poniendo en grave riesgo la integridad y seguridad de los alumnos. Pero ni siquiera eso conmovió a los funcionarios del gobierno regional para que exigieran a la consultora, como lo establecen las normas, la entrega del expediente.
Recién el 28 de junio del 2022, último día fijado por el PRONIED, el gobierno regional hizo entrega de este documento. Pero lo hizo sin mencionar para nada que, el documento que había recibido de la empresa consultora y que estaba entregando al gobierno central, era gato por liebre. El expediente estaba plagado de incontables observaciones; ello a pesar de haberse pagado a Consorcio Politécnico hasta el último centavo del monto acordado. Así trabaja la burocracia regional.
En diálogo sostenido con este medio de comunicación, la directora del plantel., Prof. Bulili Álvarez Cueva, ha dicho que de acuerdo a lo informado por Hidrandina, solo en el tema eléctrico existen 54 observaciones, 6 de carácter administrativo y 49 de carácter técnico. Lo que hacen del expediente técnico un documento anti técnico e inejecutable. Un derroche de los recursos del estado.
En el fondo, lo sucedido con el hospital El Progreso viene ser más o menos la misma chola; algo que ya forma parte de nuestro folklore. En todo caso, la diferencia consiste en que aquí está la mano del gobierno central a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS. Con dos licitaciones de por medio, dos paralizaciones sucesivas y dos reajustes presupuestales, esta obra, iniciada hace dos años y con apenas el 7 por ciento de avance, estaría próxima a ser adjudicada por tercera vez.
Lo que no deja de causar estupefacción es que, no obstante el perjuicio económico que esto representa para el estado peruano, y muy a pesar del daño que se le ocasiona a una población mal llamada beneficiada, los responsables continúan como si nada hubiera pasado. Tal parece que la propia legislación se encarga de protegerlos. Las denuncias que a cada momento realiza la Contraloría General de la República, sobre éstas y otras graves irregularidades, al final terminan paralizadas en la silla de ruedas del Ministerio Público.
Por todo lo que sucede aquí en otras regiones del país, pareciera que existe una red que está detrás de todas las obras públicas que se licitan a nivel nacional. De otra manera no se explica cómo es que los miembros de un mismo consorcio, solo cambian de razón social, no solo para acaparar la ejecución de obras sino también la elaboración del expediente técnico, que es donde comienza el carrusel. Y para eso, es necesario que los contratistas se amarren con alguien de “adentro”. De esa manera, todos conjugan el verbo ganar. Si la obra se paraliza y es necesaria una nueva licitación, mucho mejor.
En el caso de Chimbote, los únicos que están perdiendo hasta hoy son los alumnos del colegio Politécnico. Tienen que asistir a clases como encargados en otro plantel, mientras observan impotentes cómo las paredes de su querida institución educativa se caen a pedazos. Lo mismo sucede con los 80 mil pobladores que desde hace 20 años esperan la construcción del hospital El Progreso. ¡Qué mal administrador es el estado y además qué indolente!.