Por: FERNANDO VALDIVIA CORREA (*)
Uno de los logros ampliamente reconocidos del gobierno del expresidente Alberto Fujimori fue la pacificación del país de las garras del terrorismo. Con la caída del régimen en noviembre de 2000, los sucesores de corte caviar, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, minimizaron el éxito alcanzado creando una Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en nada tuvo de verdad y menos de reconciliación, toda vez que -entre otros- calificó como “conflicto armado interno” a la guerra librada y vencida contra el terror. Paralelamente, el Tribunal Constitucional derogó las leyes antiterroristas dictadas en los noventa, ordenando nuevos juicios. Si bien las cúpulas fueron sentenciadas a cadena perpetua, miles recibieron penas benévolas. En el decurso de los años, varios de estos sátrapas han recuperado su libertad (Osmán Morote, Margot Liendo, Nancy Gilvonio, Lori Berenson, entre otros). En contraposición, cientos de militares y policías (a la fecha la mayoría de ellos en retiro, inclusive algunos fallecidos) son eternamente enjuiciados por supuestas ejecuciones extrajudiciales. En algunos casos, estos procesos han llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como no podía ser de otra manera, fallaron en contra del Estado, instruyendo además indemnizar terroristas.
De esto último, recién se tomó conocimiento que el año pasado, este organismo supranacional admitió a trámite una demanda del genocida Víctor Polay, alegando haber sufrido torturas cuando fue detenido en 1992. En respuesta, a pesar de las voces que exigen el retiro de la competencia de la Corte, el Ejecutivo ha reaccionado mesurada y enérgicamente; siendo las declaraciones de la mandataria en el sentido que no pagaremos un (1) Sol a cualquier terrorista.
Es correcto, aunque no suficiente. Y debemos aclarar que lo acontecido no es culpa del actual gobierno y/o Parlamento, sino de TODOS que durante décadas hemos mirado de costado como este flagelo ha ido recuperando espacio en nuestra sociedad (MOVADEF o FENATE). Entonces, para que sea suficiente (o tratemos que lo sea), debemos seguir fortaleciendo nuestra bien amada democracia desde temprana edad. Desde inicial hasta secundaria que sea obligatorio a los alumnos entonar las sagradas letras del Himno Nacional, siquiera una vez por semana, pasando por dictarse nuevamente (o reformularse) cursos como Educación Cívica, Instrucción Premilitar, Historia del Perú, este último en la que se narre los logros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha permanente contra el narcoterrorismo y otras amenazas.
Y, eso sí, siempre, siempre, siempre, concientizar a la ciudadanía con la frase: ¡TERRORISMO NUNCA MÁS!.
(*) Abogado