El gran dilema:
Solo en el tema referido a instalaciones eléctricas, el expediente técnico de la institución educativa Politécnico Nacional del Santa, presenta 55 observaciones. De ellas, 6 son de carácter administrativo y 49 de carácter técnico. Un verdadero record de ineficiencia. Con mayor razón si se tiene en cuenta que, por ahora, se desconocen las observaciones que pueden existir en el aspecto estructural, sanitario, etc.
Desde que fue “aprobado” y cancelado por el gobierno regional de Ancash, en junio del 2022, ha transcurrido más de un año sin que la empresa consultora que elaboró dicho expediente cumpla con el compromiso de levantar las observaciones. Pues eso es lo que, al menos en el papel, establece la normatividad legal de contrataciones con el Estado. Sin un expediente técnico correctamente elaborado y aprobado, la construcción del nuevo local de esta emblemática institución educativa tendrá que seguir esperando, no se sabe hasta cuando.
En el Informe de control N°043 realizado al contenido de este expediente, la Contraloría General de la República advierte dos hechos que considera adversos. El primero se refiere a que el gobierno regional aprobó el expediente sin que éste cumpla los requerimientos establecidos en los términos de referencia. Grave y hasta sospechosa omisión.
La segunda adversidad tiene que ver con el hecho que, a pesar del tiempo transcurrido, hasta hoy el gobierno regional no exige al contratista el levantamiento de dichas observaciones. ¿Tanta puede ser la indiferencia y la irresponsabilidad?. ¿No hay quién defienda los intereses del estado y de la población afectada?.
Del mismo modo, como lo dijimos ayer, lo que viene sucediendo con la construcción del hospital El Progreso no es otra cosa que la misma historia. Cuando la obra se paralizó por primera vez, en septiembre del 2021, el contratista alegó que el expediente técnico no había considerado la instalación de aisladores sísmicos, un requisito que ahora es de exigencia universal en edificaciones de esta naturaleza. Sin duda, un grave descuido que causó la sorpresa hasta del más modesto ayudante de albañil. ¿Cómo pudieron el PRONIS, el OSCE y otros organismos de control, pasar por inadvertida semejante aberración?
Como no podía ser la excepción, el colapso de la avenida Costanera también fue resultado de una falla garrafal del expediente técnico. Por la mente de los genios que elaboraron este documento, no pasó la premisa que, toda obra que se construye a la orilla del mar, debe estar necesariamente protegida por un enrocado o muro de contención. La improvisación con la que se elaboró y aprobó el expediente técnico, ha dado lugar al resultado clamoroso que ahora todos conocemos y lamentamos. Más de 20 millones de soles a merced de las olas.
Todavía hay más. La obra del hospital de San Jacinto, también por culpa del expediente técnico, permanece paralizada. Quienes elaboraron este documento, no consideraron que gran parte del terreno de la obra se hallaba sin saneamiento físico y legal. Legalmente era terreno ajeno.
Todos los años los diversos organismos del gobierno central, así como de los gobiernos regionales y locales, pagan millones de soles a empresas consultoras para la elaboración de expedientes técnicos. Pero, por lo que se ve, este es un gasto no solamente inútil sino también dañino. Cada expediente mal elaborado, trae consigo la paralización de la obra y, con ello, nuevas licitaciones, nuevos presupuestos, pero también mayor pérdida de tiempo.
Es más. Hasta donde hemos podido averiguar, la elaboración de expedientes, que como vemos no es un buen servicio, en cambio es un gran negocio. Las mismas empresas consultoras aparecen formando consorcios de diferente denominación, ya sea en Chimbote o cualquier otra ciudad del país. Al menos por parte de los organismos del estado, tienen acaparada la demanda de este servicio a nivel nacional.
Después de todo, el estado podrá ser un mal administrador. Pero es un buen pagador, así los expedientes técnicos resulten ser un verdadero mamarracho.