Pero a favor de contratistas:
Definitivamente, lo que viene sucediendo con la martirizada obra del hospital El Progreso, a estas alturas ya es intolerable. La situación en la que se debate esta obra pública, ha traspasado todos los límites de la razón y de la tolerancia. Por decir lo menos, estamos ante un verdadero escándalo en lo que a gestión pública se refiere; algo cuya gravedad ya no se debe ocultar por más tiempo. Por tanto, ya es hora que las autoridades nacionales brinden una inmediata y necesaria explicación. No se puede seguir jugando, así de esa manera, con las expectativas del pueblo de Chimbote.
Luego de haber firmado en diciembre del año pasado un contrato con el PRONIS para la ejecución de esta obra, ha sido en abril del presente año que, después de recibir un adelanto de siete millones de soles, la empresa contratista, Consorcio Salud Progreso, anunció la paralización de la obra; aunque lo hizo sin haber colocado un solo ladrillo. Pero eso no es todo.
Según una información del Ministerio de Salud, proporcionada al gobernador regional Koki Noriega, Consorcio Salud Progreso ha presentado ante el Poder Judicial dos medidas cautelares. Según los expertos, esta acción legal supondría por parte del contratista evitar el pago de las penalidades de ley y asimismo la exigencia de una reparación civil por concepto de supuestos daños y perjuicios. En buen romance, eso equivale a hacerse la víctima y poner el parche antes que salte la pus.
Sin embargo, nada es casualidad. El contrato firmado entre PRONIS y Consorcio Salud Progreso, establece claramente que cualquier controversia entre ambas partes, será resuelta vía proceso de conciliación o arbitraje. Es decir, hecho el contrato, hecha la trampa. Como sucede en otros casos similares, el contrato del hospital El Progreso y el mismo proceso de adjudicación de la obra, habrían sido gestionados deliberadamente a favor del contratista. Hechos como la aceptación de una carta de línea de crédito por 30 millones de soles, otorgada por una cooperativa de ahorro cuyo capital es de tan solo 800 mil soles, así lo han puesto en evidencia.
Sea como fuere, si Consorcio Salud Progreso ha solicitado al Poder Judicial el otorgamiento de dos medidas cautelares, es posible que se sepa por anticipado que tiene todas las de ganar. El contrato firmado con PRONIS está completamente a su favor. Por lo demás, todos sabemos que los procuradores del Estado son expertos en perder conciliaciones y arbitrajes.
Una de estas pérdidas ocurrió el año 2010 cuando la gestión del entonces presidente regional César Álvarez Aguilar, se apresuró en otorgar al Consorcio La Caleta la construcción del nuevo Hospital La Caleta. En vista que todo el proceso de licitación estuvo viciado, y no obstante haberse otorgado un adelanto de más de 20 millones de soles, la obra jamás se inició. Sin embargo, apelando al consabido argumento de daños y perjuicios, Consorcio La Caleta logró ganar al gobierno regional un arbitraje por algo de 8 millones de soles, que la gestión de Juan Carlos Morillo se empecinó en pagar. Millones de soles a cambio de nada.
A dos años de haberse iniciado la construcción del hospital El Progreso sin que se conozca cuál será el desenlace, existen algunas preguntas que se caen de maduras. ¿A dónde han ido a parar los informes de la Contraloría General de la República?. ¿Qué hace el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, OSCE?. ¿Qué le impide a la Fiscalía de Prevención del Delito, actuar de oficio? ¿Hasta cuándo los organismos del Estado van a seguir actuando contra el Estado?