Informes de control no bastan:
De acuerdo con lo informado por el gerente regional de la Contraloría General de la República, Emerson Rucoba Tananta, solo entre los meses de enero y agosto del presente año se ha identificado un perjuicio económico de 7.6 millones de soles en agravio del Estado por parte de diversas instituciones públicas o unidades ejecutoras que operan en la región Ancash.
Este daño se viene dando a través de obras y proyectos que en este momento vienen siendo mal ejecutados. Obras y proyectos que, por consiguiente, se encuentran en riesgo de quedar paralizados, como otros tantos que atraviesan la misma situación y que abundan de uno a otro extremo del ámbito regional.
En el transcurso de una jornada informativa realizada anteayer martes en el auditorio de la municipalidad provincial del Santa, el funcionario de la Contraloría ha dicho que entre enero y agosto se ha identificado, con signos y señales, un total de 2 mil 584 informes adversos, de los cuales solo se ha corregido alrededor de 260 de ellos, apenas el 11%. Los demás, o sea casi el 90 por ciento, se mantienen totalmente ignorados.
En otro pasaje de su exposición, Rucoba Tananta ha dicho por enésima vez que las observaciones de una obra que no se corrijan, originan responsabilidades penales, civiles y administrativas. Claro, eso es lo que dicen en el papel las leyes de control y de contratación con el Estado. Pero eh ahí que, entre esta hipótesis y el hecho real de cumplir lo que dicen las leyes, existe una brecha que, como vemos, cada día se profundiza más y más.
Al respecto, habría que preguntarse, por ejemplo, ¿se ha aplicado alguna sanción penal, civil o administrativa, a los responsables de las dos paralizaciones consecutivas que ha sufrido la obra del hospital El Progreso? ¿Se ha ejecutado alguna penalidad contra el contratista de la avenida Costanera, que continúa cayéndose a pedazos?. ¿Se va a pasar por alto las graves observaciones que se han descubierto en la construcción del teatro municipal?. ¿Acaso ya pasó al olvido la caída de los cobertores metálicos de la losa deportiva San Juan, que dejó dos obreros heridos?.
Por absurdo que parezca, la falta de decisión y energía para aplicar la ley y sancionar a los responsables, es un hándicap que los contratistas infractores están utilizando a su favor. Y no solo para eludir sus responsabilidades, sino también para sacar provecho de esta falta de decisión.
Es al amparo de esta falta de sanción que, por ejemplo, el segundo contratista de obra del hospital El Progreso, ha solicitado al Poder Judicial el otorgamiento de una medida cautelar para ponerse a salvo de toda penalidad y, encima, para solicitar a través de un arbitraje, una eventual reparación del estado por daños y perjuicios. Como éste, existe en Ancash infinidad de casos similares. Ganan quienes ocasionan el daño. Siendo así ¿quién repara el perjuicio ocasionado a la población mal llamada beneficiada?.
Mientras los informes de Contraloría permanezcan escritos en el papel y no se sancione a los responsables, la corrupción va a continuar ganado la batalla. A ese paso, no sería raro que el perjuicio de 7.6 millones de soles que se ha detectado entre enero y agosto, tranquilamente pueda duplicarse con motivo de las fiestas de navidad y año nuevo. Sin sanción, nadie para la corrupción.