Con 88 votos a favor, un voto en contra y 18 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que busca restablecer los Juzgados de Ejecución Penal.
Se trata del Proyecto de Ley 3997/2022-CR, que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo 017-93-JUS, para restablecer los Juzgados de Ejecución Penal, modificar el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, y el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal, Decreto Supremo 003-2021-JUS.
El congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sustentó la propuesta destacando que lo que se busca es restablecer al Juez de Ejecución Penal, y todo lo relacionado al principio de resocialización, reinserción del condenado y control judicial del ámbito carcelario.
La referida propuesta consta de cuatro artículos y una disposición complementaria. De esta manera, modifica los artículos 41 y 46 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto a la “competencia de las salas penales” e incorpora el artículo 50-A en la misma normativa, en los siguientes términos:
«Artículo 50-A. Los juzgados de Ejecución Penal conocen y resuelven todo lo concerniente al régimen penitenciario establecido en el Código de Ejecución Penal y otras disposiciones normativas aplicables, que sean necesarios para la reinserción y resocialización del penado»
Durante el debate, el legislador Carlos Zeballos Madariaga (PP), en su calidad de autor del proyecto, dijo que en los últimos años se ha observado el gran hacinamiento en las cárceles del país.
“No se está haciendo un trabajo adecuado dentro de las cárceles para que salga gente readaptada a la sociedad”, aseguró.
Por su parte, el congresista Américo Gonza Castillo (PL) sostuvo que la problemática del sistema penitenciario que vivimos en la actualidad, tiene que ver con la labor del Juez de Ejecución Penal.
“La reincidencia es muy alta, entonces se evidencia que la resocialización y la reinserción que son los principios fundamentales del Sistema Penitenciario no se están cumpliendo”.
En una segunda consulta, la propuesta fue exonerada de segunda votación con 85 votos a favor, 0 votos en contra y 23 abstenciones. De esta manera, quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.