Una muestra palpable de abierto desacato al estado de derecho y una exhibición por demás descarada de la forma cómo se usufructúan ilegalmente los tierras de propiedad del estado, es la que vienen ofreciendo a diario los invasores del proyecto especial Chinecas. Se calcula en alrededor de 15 mil la cantidad de hectáreas que estos señores tienen su poder. Pero mientras algunos de ellos vienen trabajando las tierras directamente, otros las han alquilado a terceras personas para de esa manera hacer realidad el sueño de vivir sin trabajar,
Desde el comienzo de esta historia, hace ya más de treinta años, los invasores de Chinecas han tenido más de una oportunidad para formalizar su situación legal y convertirse en legítimos propietarios de sus respectivas parcelas. Para eso, el Estado aprobó y puesto a su disposición las leyes 27887 y 28043, aparte de otros dispositivos complementarios emitidos por el ministerio de Agricultura y últimamente por el gobierno regional de Ancash. Ni con eso, los invasores han aceptado acogerse de buena fe a las ventajas de la formalización. Ha podido más, como hasta el día de hoy, su decisión de mantenerse en la más absoluta informalidad. Esas normas están vencidas.
No está de más recordar que la razón por la que los invasores de Chinecas se resisten a la formalización es ampliamente conocida: si se convierten en legítimos propietarios, van a tener que pagar, al contado o a plazos, un justiprecio por el terreno invadido. Y no solo eso. Como todo empresario y contribuyente formal, también van a tener que pagar el consumo de agua y los impuestos de ley. Y eso es algo que sencillamente les causa pavor, sobre todo a quienes están acostumbrados a vivir sin trabajar o esperando que las cosas caigan del cielo.
Debe ser por eso que el anuncio de haberse encargado a Pro Inversión la elaboración de un nuevo estudio de factibilidad para la ejecución de Chinecas, haya encendido las luces de alarma en los diversos grupos y asociaciones de invasores, la mayoría de los cuales, como bien sabemos, están patrocinados por funcionarios del gobierno regional y del propio proyecto especial Chinecas.
En una gestión seria y responsable como la que se ha enunciado, la ejecución de Chinecas solo podría ser factible en la medida que el cien por ciento de sus tierras se encuentren debidamente saneadas, sin un solo invasor. Ningún inversionista tendría la confianza necesaria para embarcarse en el nuevo proyecto Chinecas, en tanto exista una sola muestra de informalidad.
El gobierno regional de Ancash ha promulgado la Resolución N°551-2023, de fecha 27 de setiembre. Esta disposición crea una comisión para que se encargue del proceso de adjudicación a favor de aquellos “posesionarios” que tengan menos de cinco hectáreas, pero los instrumentos legales están vencidos.
Se desconoce por tanto cuál será la situación de aquellos afortunados que han invadido 20, 40 y hasta 100 hectáreas, quienes, igual que los “campesinos sin tierra”, han dejado pasar hasta en tres oportunidades el llamado a la formalización.
Por curiosa coincidencia, el Congreso de la República acaba de conformar una “Comisión Especial Multipartidaria a Favor del P.E. Chinecas” de cuyos objetivos y alcances no se han proporcionado mayores detalles.