Detecta Contraloría
- Informe de Contraloría identifica a seis ex funcionarios de haber favorecido a dos empresas y ordena acciones civiles y penales.
Seis funcionarios de Essalud, de la Red Asistencial de Áncash, con sede en nuestra ciudad, están involucrados con responsabilidades civiles y penales porque contrataron irregularmente a dos postores con pagos que ascienden a S/ 5 223 210 para que realicen servicios de cremación, inhumación, recojo y traslado de cadáveres de pacientes que fallecieron a causa del Covid-19 en el Hospital III Chimbote
Estos hechos fueron detectados por la Contraloría General de la Republica que determinó una serie de irregularidades durante los años 2020 y 2021 que perjudico el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Los proveedores son Caudal de Inversiones SAC y Martín Alonzo Mendoza Ángeles. El primero incumplió los requisitos señalados en los términos de referencia, porque no tenía RNP. Para la inhumación se estableció requisitos adicionales a los que exigía la norma. Fueron contratados de manera fraccionada y consecutiva durante dos años. El representante legal de Caudal Inversiones SAC es Arturo Torres Calderón Zarate.
Los funcionarios involucrados en las irregularidades son Roger Arcadio Silupu Ramírez, que en ese momento’ de los hechos era jefe de la oficina de administración. Augusto Salvador Vasquez que reemplazó a Silipu. Asimismo, Oswaldo García Torres, director del hospital III, de entonces, con responsabilidades penales y civiles.
Otros funcionarios involucrados son Marco Antonio Rodríguez Huayanay, jefe de la oficina de adquisiciones, con responsabilidades penales. Así como también Juana Tomasa Majuan Linares, jefa de la unidad de programación de adquisiciones con responsabilidades penales.
Otro involucrado en los hechos es Víctor Alejandro Capristán Vásquez quien en esos momentos era el encargado de la supervisión del servicio de traslado de cadáveres, que realizaba la funeraria y la inhumación y/o cremación de los mismos. El observaba que se cumplan los procedimientos de las directivas sanitarias del 2020. Capristán Vásquez trabajó en Essalud entre el 14/04/2020 hasta el 7/01/2023. Tiene responsabilidades civiles en este caso.
Según detalla el Informe de Control Específico N° 056-2023-2-0251, servidores públicos con cargos de confianza no gestionaron la inclusión de la contratación de tales servicios en el Plan Anual de Adquisiciones 2020. Sin embargo, tramitaron contratos fraccionados por dos años consecutivos sin contar con el requerimiento del área usuaria y omitieron realizar el procedimiento de selección, contraviniendo la normativa que regula las contrataciones del Estado.
Para ello, dieron conformidad a 230 órdenes de compra por montos menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). De ellas, 228 se usaron para regularizar servicios prestados con anterioridad sin haber firmado contrato, ya que consignaron como plazo de entrega fechas previas a su emisión hasta por 336 días. Esto pese a contar con recursos disponibles en la partida Otros Servicios, la cual se incrementó en S/ 4 135 734 y S/ 3 237 311 para los años 2020 y 2021, respectivamente.
En la revisión de boletas de contabilidad y expedientes de contratación, se detectó la duplicidad en el pago por servicios de cremación e inhumación de cinco asegurados fallecidos por Covid-19 en el 2021 cuyos nombres y DNI figuran dos veces en facturas, certificados de defunción y actas de entrega de cenizas o constancia de sepulturas, generando un perjuicio económico a EsSalud por S/ 11 600.
En los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del servicio de inhumación, se verificó que se establecieron requisitos adicionales a los que exige el Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, limitando el acceso a mejores ofertas respecto a precio y la libre concurrencia, pluralidad y participación de postores (principio por el que deben regirse las contrataciones públicas).
Además, uno de los proveedores no cumplía con los requisitos solicitados en los TDR por lo que al inicio de la prestación del servicio carecía de Registro Nacional de Proveedores y no presentó la autorización sanitaria para el funcionamiento de crematorio emitido por la Dirección Regional de Salud. Situación que puso en riesgo el control de los factores de contaminación y aumentó la posibilidad de diseminación del Covid-19.
El informe de control posterior “Contratación, ejecución contractual y pago de servicios de cremación, inhumación, recojo y traslado de cadáveres de pacientes fallecidos por Covid-19 – Red Asistencial Áncash”, corresponde al período del 3 de abril del 2020 al 21 de enero del 2022 y se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control para el acceso público.
El documento fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de EsSalud y ha sido comunicado a su presidente ejecutivo para el deslinde de responsabilidades y el inicio a las acciones administrativas y civiles contra los servidores de cargos de confianza y ex servidores comprendidos en los hechos. Además, también se le notificó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales que correspondan.
Es importante precisar que en el informe la Contraloría señala que los involucrados presentaron sus comentarios, aclaraciones documentadas pero no desvirtuaron los hechos.