Caso Essalud:
Entre el lunes 20 y viernes 24 del presente mes, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de la provincia del Santa recibirá las primeras declaraciones de los ex funcionarios de la Red Asistencial Ancash de Essalud, que han sido denunciados por el ciudadano Aldo Rodríguez Uceda ante esta instancia del Ministerio Público por haber participado en el sonado caso de recojo, traslado, cremación y sepultura de los asegurados que fallecieron víctimas del covid-19 durante los años 2021 y 2022.
En esta denuncia aparecen otros ex funcionarios de esta dependencia de Essalud, siendo las figuras más visibles la del médico Ramón de la Cruz Castillo, ex gerente de la Red Asistencial Ancash; y la del ex funcionario Víctor Capristán Vásquez, actual asesor y brazo derecho del gobernador regional Fabián Koki Noriega Brito.
Entre tanto, todavía se desconoce cuándo serán citados a declarar por el mismo caso, los funcionarios que aparecen involucrados en otra denuncia, formulada días antes por el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia.
Por extraña coincidencia, ni en la denuncia del procurador anticorrupción, ni en la del ciudadano Aldo Rodríguez Uceda, aparece el nombre de los proveedores que habrían participado en este acto de aparente colusión en agravio de Essalud y de los asegurados fallecidos. ¿Puede haber infracción sin infractores?.
El Informe de la Contraloría General de la República que ha servido de sustento para la formulación de ambas denuncias, señala claramente la participación en estos hechos de los proveedores Martín Alonso Mendoza Ángeles y de la empresa Caudal Inversiones SAC, que tiene como representante legal al conocido empresario Arturo Torres Calderón Zárate, ex gerente de Siderperú y propietario del cementerio Lomas de la Paz.
En su informe, el órgano de control del estado responsabiliza al funcionario Oswaldo García Torres de haber visado los Términos de Referencia (TDR) que fueron presentados por ambos proveedores para poder obtener la contratación del servicio, a pesar de no reunir los requisitos de ley. Señala la Contraloría que gracias al visado de estos documentos, se facilitó la participación de ambos empresarios, limitando con ello la participación de otros postores que sí reunían dichos requisitos, configurándose de esta manera la figura delictiva de colusión. Así, cualquiera gana.
Es de esperar entonces que las investigaciones de la Fiscalía permitan llegar al fondo del asunto, se determinen las responsabilidades y se sancione a quienes lo merece; caiga quien caiga. Hay 300 mil asegurados que están a la espera de estos resultados y, por la salud moral de la institución, nadie quiere que se eche tierra al asunto.
Se ha informado que la investigación fiscal tendrá un plazo de 36 meses, tiempo en el que muchas cosas pueden suceder. Por lo pronto, el desfile de los denunciados recién comienza.